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El primer año del gobierno del Partido Popular se salda, más allá de la brutalidad de sus medidas antisociales, desconocida desde el inicio de la transición hasta nuestros días, con un proceso, tanto tácito como expreso, de recorte a las libertades democráticas hasta hoy desconocido en el período mencionado.
Recortes sociales y recortes de libertades son distintas caras de una misma moneda represora. El Partido Popular necesita de la desmovilización de las víctimas de la crisis capitalista –que no la provocaron- y de su silencio para lograr una vuelta de tuerca más que le permita imponer su programa reaccionario en lo económico, lo social y lo político.
Como si de una novela por entregas se tratase, la estrategia del PP a lo largo de su primer año al frente del Ejecutivo español ha sido la de ir acorralando y cercenando el ejercicio de las libertades democráticas (limitaciones al derecho de manifestación y de huelga mediante prohibiciones de manifestaciones, identificaciones injustificadas por miembros de la policía que se presentan sin placa identificativa, apaleamiento de manifestantes por miles, represión mediante multas, detenciones, encarcelamientos de sindicalistas y piquetes,...) o la de lanzar globos sonda que propicien un clima social favorable, o al menos pasivo, a sus proyectos, largo tiempo acariciados, de limitar por vía legal dichos derechos. Para ello cuenta con la creación de estados de opinión a través de grupos de presión como la patronal CEOE y la prensa más afín al partido del gobierno.
Los propios periodistas están viendo limitada y amenazada su libertad de informar al
recibir acosos y lesiones, sufrir detenciones o ver secuestrados y destrozados sus materiales y sus equipos gráficos durante la cobertura de manifestaciones.
recibir acosos y lesiones, sufrir detenciones o ver secuestrados y destrozados sus materiales y sus equipos gráficos durante la cobertura de manifestaciones.
A su vez, el gobierno del PP no ha dudado en recurrir a formas “ejemplarizantes” que criminalicen el uso de los mencionados derechos, siendo el caso del encarcelamiento del joven Alfonso Fernández por intentar participar en la Huelga General del 14N. Este caso constituye un auténtico montaje policial, urdido mediante falsas acusaciones, figuras jurídicas inexistentes (“alarma social”) y la consecuencia de un régimen de aislamiento, el aplicado mediante los FIES, especialmente restrictivo hacia los derechos de los presos.
Si en lo social, el gobierno del Partido Popular muestra particularmente sus intenciones represivas y coactivas, en otras esferas de la vida colectiva emplea la coartada de la crisis económica para imponer su ideología liberal y conculcadora de derechos públicos y colectivos. Es el caso de la imposición de tasas judiciales al conjunto de la población en aspectos como los recursos de apelación y casación ante sentencias.
Si en áreas del derecho como las relativas a pleitos entre particulares la aplicación de dichas tasas resulta discutible, en aspectos como pleitos con la administración pública muestran su carácter arbitrario y en lo laboral, en el caso de recursos ante sentencias sobre expedientes de regulación de empleo, evidencian su carácter clasista y antagónico con la parte más débil de una relación contractual, la clase trabajadora.
La justicia en España nunca ha sido gratuita. Se paga con nuestros impuestos. Pero aplicar ahora, en plena crisis económica, un copago de la misma -pues no es otra cosa la aplicación general de tasas en determinados ámbitos de la actividad judicial- supone recortar la universalidad del derecho de acceso a la misma, especialmente entre las clases trabajadoras y sectores populares. Ello es particularmente grave porque dificultar el acceso a las capas sociales con menores recursos al derecho y a su protección es un modo de limitar las libertades públicas, las cuáles se debilitan si se ven parcialmente desprotegidas.
En esa línea de imposición del programa ideológico más reaccionario del PP sobre el conjunto de la sociedad nos encontramos con otras cuestiones que implican igualmente un retroceso de las libertades democráticas.
Es el caso de la reintroducción de la religión en el currículo escolar como materia evaluable, en sustitución de la Ética, que vuelve a ser optativa o de la Educación para la Ciudadanía. Un Estado que constitucionalmente aún se declara aconfesional no puede permitirse la imposición por defecto de una asignatura confesional de una religión determinada sin que ello suponga una violación más para dicha Constitución por parte de un partido heredero de uno de los que formaron parte de su comisión redactora.
La persecución y hostigamiento que se viene ejerciendo desde el gobierno contra el idioma catalán, que en los últimos ataques hacia el mismo se han concretado en la reforma educativa del Ministro Wert, supone la obstrucción al uso de una lengua que nunca ha creado problemas de convivencia en Cataluña, más allá de los generados artificialmente por los partidarios de una concepción centralista e imperial del Estado español. Esta búsqueda de la confrontación con un elemento esencial de la identidad catalana sigue la vieja pauta de criminalizar el nacionalismo y el independentismo en comunidades históricas del Estado. La estrategia de recentralizar competencias hacia el gobierno del Estado marca un hito más en los objetivos del PP de aprovechar la crisis como excusa para avanzar en el vaciamiento del sistema autonómico y la descentralización territorial.
En política de orden público, mientras el gobierno indulta por segunda vez a cuatro mossos d´esquadra condenados por torturas contra un ciudadano rumano, en contra de la decisión de ingreso en prisión de la Audiencia de Barcelona, continúa, como en el caso del anterior gobierno, ejerciendo presión y acoso contra inmigrantes sin papeles hacia los que practica controles y redadas policiales, siguiendo el xenófobo y racista criterio del aspecto físico o del color de su piel en la identificación o detención de personas.
Dentro del hostigamiento a los inmigrantes sin papeles es urgente denunciar el plan del Ministerio del Interior de incluir en su prevista Reforma del Código Penal (art. 138 bis) la condena de hasta dos años de cárcel a quienes acojan en su casa o ayuden económicamente a inmigrantes sin papeles. Además de cruel y contrario a los derechos humanos, la reforma legal destaca en este punto por su cinismo ya que mientras penaliza a las personas y entidades que ejerzan su solidaridad con estos inmigrantes, rebaja las penas de 8 hasta 6 años máximo a quienes trafiquen con ellos, lo que estimulará a estas redes de explotación humana a perseverar en el ejercicio de su delito.
El recuperado proyecto de reforma de la ley del aborto, con la eliminación del supuesto de malformación del feto, será otra de las contrarreformas ideológicas que el PP impondrá este año 2013, retrocediendo incluso más allá de 1985, cuando la legislación sobre la interrupción del embarazo sí incluía dicho supuesto. En este caso, el recorte de las libertades se realizará contra el derecho a decidir sobre su propio cuerpo del 52% de la población española.
Cercenador de las libertades públicas, represor de quienes las ejercen en sus protestas contra sus medidas de austeridad, reaccionario legislador que impone sus valores ultraconservadores contra la mayoría social, el gobierno del PP se ha convertido en una amenaza contra los derechos democráticos hasta el punto de ser ya el gobierno que más directamente las restringe en los últimos 35 años.
El actual comportamiento del gobierno del PP indica el desasosiego y la inquietud de los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad que jamás renegaron del franquismo. La crisis del capitalismo en el Estado español agudiza la crisis de régimen surgida de los pactos de la transición política, al desmontar el tardío Estado del Bienestar, que tuvo sus rudimentos en el franquismo –y su desarrollo posterior ya en el período democrático-, nacido con la necesidad de “legitimar” lo ilegitimable: la destrucción “manu militari” del sistema de democracia política y social de la II República.
Dentro de ese régimen, heredero del anterior, que hemos mencionado, la monarquía española juega el papel de vértice de todo el aparato político-económico del capital postfranquista. No son sólo los negocietes, chanchullos y presumibles delitos del entorno de Juan Carlos I los que contribuyen a debilitar la figura de la monarquía española, ni siquiera sus devaneos personales como cazador. Es ante todo la percepción social de un fin de época lo que explica que la monarquía española nunca haya sufrido peor imagen, especialmente entre los jóvenes.
En este marco de agotamiento del régimen heredado del franquismo creemos que la salida natural y progresiva, en interés de los derechos democráticos, de los trabajadores y de las aspiraciones de los pueblos que integran el Estado español es una República democrática de trabajadores que respete y asuma el derecho de autodeterminación de los pueblos que la integran y que favorezca la libre integración en el Estado de todos los que así lo deseen.
En otro orden de cosas, la gigantesca trama de corrupción del PP que está saliendo a la luz, con los sobresueldos pagados en negro a sus más altos dirigentes por parte de grandes corporaciones de la construcción, entre otros sectores, como pago de las concesiones y contratos a dichas empresas por las administraciones públicas controladas por dicho partido, se convierte en la más seria amenaza contra las libertades democráticas y la propia idea de democracia.
La degradación y desconfianza que los propios autores de la corrupción lanzan, no sobre sí mismos, sino sobre todos los partidos políticos, en su táctica del calamar de ensuciarlos a todos por igual, para así aminorar su propia responsabilidad en los hechos, está abriendo paso a un discurso populista y prefascista del “que se vayan todos” y del “todos son iguales”, satanizando a la política en su conjunto, sin matiz alguno, que va calando en la sociedad y que pretende eliminar, como sospechosa, cualquier opción política radicalmente distinta y necesaria para enfrentarse a las medidas antisociales lanzadas contra la clase trabajadora por el propio PP. Este es el discurso que allana el camino a los salvapatrias y a supuestas salidas “no ideológicas”, pero que ponen el énfasis en la sacralización de la economía neoliberal y en las medidas “traumáticas pero necesarias”, que pretenden vendernos los que intentan ensuciar lo único que se puede oponer a los desmanes del capital, precisamente la política.
Es necesario y urgente construir una mayoría social que defienda tanto las libertades que actualmente comienzan a estar en serio peligro frente a un gobierno que las combate como los derechos sociales de la clase trabajadora que le son arrebatados días tras día. Una sociedad pasiva y acobardada frente a los atentados contra las garantías jurídicas que sustentan una democracia política y social es una sociedad que camina hacia su pérdida. Por este motivo, los abajo firmantes, conscientes de la necesidad de impulsar un movimiento amplio y democrático que resguarde y ampare las libertades civiles, nos constituimos en Plataforma en Defensa de esas mismas Libertades, dispuestos a la denuncia contra su restricción, la movilización y el ejercicio de las mismas como forma más consecuente de su protección y promoción.
NOTA: Reunión de constitución de la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas el jueves 14 de Febrero a las 19,30 (7,30 de la tarde) en Madrid en la sede del CAUM (Club de Amigos de la UNESCO de Madrid), en Plaza de Tirso de Molina 8, 1º. Tu asistencia es importante. Si deseas ser parte del proyecto, implícate desde sus inicios.
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