Eric
Nepomuceno. Página 12
Brasil
vive con un ojo puesto en el domingo, 13 de marzo, y el otro en el
goteo cotidiano de denuncias, acusaciones, especulaciones. Con eso,
el gobierno de Dilma Rousseff permanece acorralado en un callejón
sin salida, mientras la crisis económica gana volumen y la crisis
política se agudiza.
Los
datos consolidados de 2015 empiezan a ser divulgados, y los
resultados superan inclusive las proyecciones más pesimistas. Ahora,
ya se prevé para 2016 una retracción de por lo menos 3,6 por ciento
en el PIB, asegurando que la actual recesión –la peor de los
últimos 25 años– persistirá. Algunos integrantes del equipo
económico dicen que a partir del tercer trimestre habrá una
reversión, para mejor, en este cuadro que enfrenta el país. La
verdad es que nadie, en el empresariado o en el sacrosanto mercado
financiero, cree en eso. Al contrario: el mercado ya opera, a partir
de los últimos días, con la perspectiva de un cambio de gobierno.
Se descarta la permanencia de Dilma Rousseff en la presidencia. Su
salida se dará, dicen los entendidos en el accionar de los
mecanismos del mercado financiero, por renuncia o a través de un
golpe institucional en el Congreso. O, por último, queda otra
alternativa: que el Superior Tribunal Electoral impugne la victoria
de la presidenta en las elecciones del 2014.
Desde
el pasado jueves, la dinámica de la crisis política pasó a una
velocidad de vértigo. Una revista semanal anticipó en dos días su
llegada a los kioscos para divulgar que Delcidio Amaral, que hasta
noviembre de 2015, cuando fue arrestado, era el líder del gobierno
en el Senado, hizo un acuerdo de “delación premiada”. O
sea, aceptó contar lo que sabe a cambio de volver a casa. En su
denuncia, Amaral miró a los blancos más deseados por el esquema
mediático-policíaco-jurídico: el ex presidente Lula da Silva y,
por primera vez, la actual mandataria, Dilma Rousseff.
Según
la revista, Amaral dijo que Lula sabía de todo el esquema de
corrupción en Petrobras, y que Dilma trató de intervenir en las
acciones judiciales, al promover para el Superior Tribunal de
Justicia un juez cuya función básica sería actuar en favor de
empresarios presos por la Operación Lavado Rápido.
Poco
importa que el mismo Delcidio Amaral, a través de sus abogados, haya
afirmado que no reconocía los términos de la supuesta delación.
Algunos juristas comentan que quizá ese ‘no reconocimiento’ se
deba a que los términos de la supuesta delación todavía no fueron
homologados por la Corte Suprema, instancia a la que el senador tiene
derecho por sus foros. Poco importa que el autor del filtraje
–alguien de la Policía Federal o del Ministerio Público– haya
actuado justamente para inculpar a Lula y Dilma, en la hipótesis de
que el senador desista de llevar adelante la “delación premiada”.
Ha sido suficiente para sacudir cada centímetro del Palacio del
Planalto, donde Dilma Rousseff tiene su despacho.
La
abusiva “conducción coercitiva” a la que el juez Sergio
Moro sometió a Lula da Silva el pasado viernes –ni siquiera en
tiempos de la dictadura ex mandatarios fueron llevados para deponer
en vehículos policiales– tuvo una primera, y seguramente
inesperada, consecuencia: volvieron a las calles grupos defensores
del PT y del principal líder político del país. Juristas de las
más distintas tendencias y hasta integrantes de la Corte Suprema,
que pueden ser clasificados de mil maneras excepto una, la de
partidarios de Lula, criticaron duramente la iniciativa de Moro.
Otra
consecuencia fue haber expuesto, de manera indiscutible, la
consolidación de un esquema –hay los que prefieren directamente la
palabra complot– armado entre los grandes grupos hegemónicos de
comunicación, en especial la TV Globo, mayor grupo mediático de
América latina, sectores de la Policía Federal y del Ministerio
Público. A la cabeza, el juez de primera instancia que padece de
aguda hipertrofia del ego y, de paso, mantiene fuertes vínculos con
el PSDB, principal partido de oposición. Su padre, por ejemplo, fue
el fundador del PSDB en su provincia, Paraná.
Curiosamente,
la oposición terminó a remolque de ese esquema. Y ahora se siente
envalentonada: dice que paralizará todas las actividades en la
Cámara de Diputados, con obstrucción permanente, mientras no se
abra el juicio de destitución de Dilma. El domingo 13 fue la fecha
elegida por la derecha golpista para salir a las calles exigiendo la
inmediata defenestración de Dilma Rousseff. Se teme, y con razón,
que la militancia de izquierda, los movimientos sociales, los
sindicatos y el mismo PT decidan salir a las calles para defender el
gobierno. Si eso ocurre, será casi imposible evitar enfrentamientos
violentos.
En
medio a ese clima de exasperación exacerbada, con una oposición que
además de no presentar propuesta alguna se niega a cualquier
posibilidad de diálogo, con los medios hegemónicos de comunicación
amplificando el caos y el final de los tiempos, con un juez dispuesto
a cualquier cosa con tal de derretir la imagen del mayor líder
político brasileño del último medio siglo y encerrar un mandato
conquistado por Dilma Rousseff en las urnas; en medio de ese clima
tenebroso se espera por el domingo 13. O por lo que pueda ocurrir
antes...