En una misma jornada, el Congreso nacional ha sido escenario de una victoria esencial para Dilma Rousseff y de una noticia que, aunque esperada, puso al país patas arriba. Con la serenidad cuidadosamente ensayada para la circunstancia, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del PMDB, que se supone sería el principal aliado en la base de apoyo al gobierno, convocó una rueda de prensa para anunciar que había decidido aceptar un pedido de apertura de juicio político –el impeachment– contra la presidenta.
No por coincidencia, el anuncio de Cunha fue hecho exactamente cuando el presidente del Senado, Renan Calheiros, del mismo PMDB, confirmaba que un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo había sido aprobado por amplia mayoría. Ha sido quizá la mayor victoria de Dilma en el Congreso desde que se inició su segundo mandato, hace once meses. Gracias a esa aprobación, su gobierno fue autorizado a cerrar las cuentas de 2015 con un hueco descomunal, un déficit de 120 mil millones de reales, lo que significa un agujero de estruendosos 31.500 millones de dólares (al cambio de ayer). De no haber sido aprobada la modificación en el Presupuesto Nacional, Dilma Rousseff estaría incumpliendo la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que pondría su mandato en altísimo riesgo.
No hubo tiempo, sin embargo, para celebraciones. Renan Calheiros anunciaba el resultado de la votación cuando, en otra parte del Congreso, Eduardo Cunha comunicaba su decisión de acatar un pedido de impeachment acusando a Dilma precisamente de haber cometido crimen de responsabilidad fiscal por haber gastado, en lo que va del año, más de lo que había sido autorizado por diputados y senadores.
Cunha, quien enfrenta un juicio en el Consejo de Etica de la Cámara de Diputados, habló de manera serena e insistió, en tres ocasiones, en que la suya había sido una decisión “estrictamente técnica”. También repitió dos veces que no sentía “ninguna felicidad” por haberla adoptado. Minutos después, en su cuenta de Twitter, el mismo Cunha divulgaba alegres mensajes, asegurando que había escuchado “los pedidos de la calle”. De decisión estrictamente técnica, ninguna palabra.
Tan pronto supo de la medida adoptada por Cunha, Dilma se reunió con su núcleo duro y decidió hacer un rápido comunicado a la Nación, a través de una cadena nacional de radio y televisión. En escasos tres minutos, la presidenta manifestó que recibió “con indignación” la medida “contra el mandato que me fue concedido democráticamente por el pueblo brasileño”, aseguró que su gobierno “no practicó actos ilícitos” y rechazó cualquier fundamento en el pedido de impeachment aprobado por Cunha.
En un clarísimo mensaje al presidente de la Cámara de Diputados, que enfrenta procesos en la Corte Suprema por haber practicado evasión fiscal, lavado de dinero, fraude contra el fisco y recibido coimas millonarias, Dilma Rousseff dijo, con semblante claramente contrariado, que “no existe sobre mí ninguna sospecha de desvío de recursos públicos, no mantengo cuentas en el exterior y jamás oculté del conocimiento público la existencia de mis bienes personales”.
Luego de las palabras de Dilma, algunos de sus asesores más cercanos admitieron, en conversaciones reservadas (o casi), que “ha sido mejor así”. Se explica: el gobierno estaba virtualmente paralizado en manos de una Cámara de Diputados presidida por Cunha, que desde hace al menos siete meses actuaba de manera pendular, como forma de chantajear tanto al gobierno como a la oposición. Al gobierno lo amenazaba con aceptar un pedido de impeachment si no era atendido en sus insistentes pedidos de apoyo para mantenerse en su puesto, principalmente después de que sobre él se desató una tormenta de denuncias acompañadas de pruebas contundentes. A la oposición la amenazaba con no aceptar ninguno de los pedidos de impeachment, a menos que le asegurasen la tan requerida protección. Será más fácil, dicen los asesores, derrumbar en el Congreso la iniciativa de Cunha.
Controlando al menos cien diputados en una Legislatura de 513 que es la de peor nivel –político, intelectual, ético y moral– de los últimos treinta años en Brasil, Cunha se movió como pez en el agua hasta hace poco menos de tres meses, cuando creció de manera consistente el volumen de acusaciones contra él. Dueño de una larga carrera de escándalos, Cunha llegó a la presidencia de la Cámara gracias al apoyo de las bancadas más retrógradas, y por haber sido siempre un excelente captador de recursos –casi nunca lícitos– para ayudar a financiar campañas ajenas, además, claro, de las suyas. Con eso logró contar con la lealtad absoluta de muchos diputados inexpresivos, que lo siguen y obedecen con la fidelidad de los perros bien entrenados y alimentados.
A partir de ahora, el trámite seguirá lo que determinan las leyes, y será largo. Primero, se arma una Comisión Especial para analizar la eventual admisibilidad del pedido de impeachment. Esa comisión es formada obedeciendo a la proporcionalidad de los partidos en la Cámara. Si la comisión mantiene el pedido, el tema será llevado al Pleno, donde necesitará la aprobación de dos tercios, o sea, 342 diputados. Para impedir que eso ocurra, el gobierno tendrá de alcanzar 171 votos. Si no los consigue, Dilma Rousseff será alejada del puesto mientras se analiza el tema en el Senado, que tiene la palabra final. En tal caso, asume el vicepresidente Michel Temer. El gobierno necesitará igualmente del voto de dos tercios de los senadores.
Es muy poco probable que el gobierno, ya en la primera etapa, es decir, en la Cámara, no logre los 171 votos necesarios. Algunos analistas dicen que eso es casi imposible. De todas formas, mientras tramita el proceso –cuyo plazo es difícil de calcular, una vez que la ley establece un determinado número de sesiones para cada paso, y las sesiones no tienen fecha rígida para ocurrir–, la tensión será permanente. Con el país atravesando un cuadro económico especialmente grave, ese nuevo ingrediente en una crisis política que ya era bastante seria no hace más que dejar entrever un 2016 muy duro.