2013, 'ANNUS HORRIBILIS' PARA LOS DERECHOS SOCIALES Y LA PROPIA DEMOCRACIA

José Campos Trujillo. Nueva Tribuna 

Hasta 61 leyes aprobadas por el Gobierno, 45 de ellas a “decretazo”. Legislativamente, el año ha sido tan nefasto para los derechos civiles como intenso para sus señorías. Nada menos que 50 leyes, muchas tan innecesarias como inútiles, han salido adelante en esta hiperactividad legislativa y el año 2014 promete.

Cambios, austeridad y "tiempos difíciles" prometía Rajoy al inicio de un mandato de reformas y recortes que poco o nada tenía que ver con el programa electoral de su partido. Recortes en sanidad, educación y justicia, y entrada a saco contra los trabajadores y trabajadoras con una dura reforma laboral, ha sido su tarjeta de visita en la primera mitad de su mandato. Hasta 61 leyes aprobadas por su Gobierno, 45 de ellas a “decretazo”.

El año 2013 ha sido horrible. Ha sido otro año con el paro creciendo, donde han subido los impuestos, las pensiones han perdido poder adquisitivo, y los trabajadores han continuado perdiendo en condiciones laborales y salarios. Legislativamente, el año ha sido tan nefasto para los derechos civiles como intenso para sus señorías. Así, por ejemplo, sólo en el maratoniano “pleno escoba” del Congreso, el pasado 19 de diciembre se remataban iniciativas legislativas tales como la Ley de impulso de la factura electrónica, la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, la Ley del Sector eléctrico, la Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, y la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. En medio de la hiperactividad legislativa se han colado, junto a medidas meramente técnicas, algunas regresivas o claramente antisociales.

Rajoy suele decir aquello de “no me gusta pero no hay otro remedio”. Este año nada menos que 50 leyes han salido adelante merced al rodillo de la mayoría absoluta que lograra el PP en las pasadas elecciones. Lo peor de todo es que muchas de esas leyes son tan innecesarias como inútiles. Y eso es una pérdida de tiempo lamentable. Pero el trimestre ha sido denso en esta materia, siendo el último mes más intenso si cabe, con leyes tan fundamentales como la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, o la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Sobre la primera, la llamada “Ley Wert”, ha sido defendida obstinadamente, a pesar de las masivas movilizaciones sociales, por José Ignacio Wert, el farolillo rojo del Gobierno, el ministro peor valorado. Sin embargo, sobreviviendo a reprobaciones y peticiones de dimisión, ha sacado adelante esta contrarreforma educativa, retrógrada de la A a la Z, que nos devuelve a la escuela franquista, clasista, que convierte a la educación en una mercancía averiada para la cohesión social, y reserva la calidad para las élites, para quien pueda costeársela.

La segunda, la Ley de Transparencia, podría ser la “Ley Bárcenas” habida cuenta de cómo el ex tesorero del PP ha determinado los desencuentros políticos y, además, casi los tiempos y el propio empaque del texto de esta ley. Es una ley importantísima que no es la de todos pero que condicionará mucho el devenir y la credibilidad de nuestra propia democracia que ahora anda tan tocada en sus instituciones por los numerosos casos de corrupción y la gran opacidad que persiste, por ejemplo, en la financiación de los partidos políticos. El texto aprobado no cuenta con un mínimo consenso político ni social. Es realmente decepcionante respecto a las necesidades de regeneración democrática y de participación ciudadana e institucional del país.

Entre las perlas cultivadas de este intenso año mariano se encuentra la llamada reforma local. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Locales de hecho un torpedeo alevoso al Estado del Bienestar, bajo la línea de flotación de la administración de cercanía, los ayuntamientos. Sus servicios públicos y empleo, en cantidad y en calidad, van a ser los grandes damnificados de la “Ley Montoro”, pensada “para ahorrar” a costa de socavar el municipalismo, uno los cimientos de nuestra democracia, eso sí, a mayor beneficio de los intereses privados.

Otra perla, es la Ley de Seguridad Privada que permite que un vigilante jurado identifique, cachee y detenga a ciudadanos. Las empresas privadas tendrán más negocio en detrimento del servicio público de seguridad y de las propias condiciones de trabajo de estos vigilantes.

Por si no teníamos bastante, se aprobó otra reforma de las pensiones. La Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad Social. Este es un “pensionazo” en toda regla. Una reforma innecesaria que se centra solo en recortar gastos y no en incrementar ingresos. La Ley no aporta nada para asegurar la sostenibilidad pero es que tampoco revaloriza adecuadamente las pensiones públicas, rompiendo un compromiso social de mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, aceptado desde 1995.

Para rematar, se han aprobado los “presupuestos de la recuperación” en un contexto de déficit público disparado, de brutales cifras de desempleo, y con el país en plena parálisis económica. El Gobierno Rajoy con el apoyo exclusivo del Grupo Popular ha aprobado unas cuentas públicas tan increíbles como injustas y desequilibradas. Más ruina traen estas cuentas antisociales, que no creen en la I+D+i, que no apuestan por otro modelo productivo, y que vuelven a mermar cantidad y calidad de los servicios públicos, que siguen recortando socialmente a la población y que condena al ostracismo a la juventud, además de contribuir a la persistencia en la destrucción de empleo.

El 2014 promete. Probablemente no abarcará tantas leyes pero sí que alumbrará algunas muy importantes. A manos de este Gobierno desprenden un intenso tufo reaccionario. Es el caso de la reforma de la ley del aborto. Éste ya no será un derecho de la mujer. La Ley orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, no es ni era una reclamación social pero sí que forma parte del núcleo ideológico que representa el PP y, además, contrariamente a la mayoría de decisiones y medidas adoptadas por el Gobierno, estaba anunciado en su programa electoral. En esta materia ahora también España quedará lejos de sus vecinos europeos.

Además, tenemos el inquietante panorama de esta X Legislatura a la que le quedan todavía dos años. Así, para los derechos fundamentales tenemos el peligrosoProyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, o una dura Reforma del Código Penal, junto a otros detalles no menores como la anunciada normativa referente a los servicios mínimos durante las huelgas que no es más que la antesala a una reforma de la Ley de Huelga, junto a nuevos retoques de la reforma laboral.

Muy probablemente, 2014 nos depare alguna que otra sorpresa extra, que oportunamente saldrá de la chistera de Rajoy, cuando convenga al partido que para eso ya entramos en año de elecciones, y los legisladores, especialmente los del PP, marcan los tiempos con mayor precisión cuando se empiezan a poner en juego sus mayorías y poltronas. Lamentablemente, ni antes ni ahora ha sido posible encauzar una verdadera política de mayor empaque que responda con mucha más solvencia a las perentorias necesidades de la gente y del propio Estado. Eran y son necesarios los pactos, con amplio consenso político y social, en materias tan estratégicas como pensiones, transparencia, administración local o educación.

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