Por MaratMis sospechas del día anterior no estaban desencaminadas del todo.
Llegué con la hora muy ajustada a la segunda jornada de manifestaciones de apoyo a los mineros, la del 11 de Julio.
Colón estaba ya muy cargado de gente y en el centro de Castellana una impresionante multitud, que desbordaba con mucho la riada humana del día anterior, se iba ya situando en los cortejos de las organizaciones sindicales y los partidos de izquierdas.
El ambiente era otro distinto al del día anterior, cuando la clase trabajadora, más allá de sus organizaciones, recibió la llegada de la Marcha Minera a Madrid. Menos emotivo y fresco, más ritual y burocratizado.
Esta era ante todo la manifestación organizada por el reformismo sindical de CCOO y UGT y, a pesar, de los petardos y voladores con los que el cortejo minero animaba la combatividad que ha hecho de este sector productivo un grupo férreamente combativo, el tono era más gris, menos festivo y emotivo, más ritualizado.
Pronto encontré a algún camarada con el que había quedado el día anterior y nos incorporamos a la marcha en animada conversación, comentando las vivencias pasadas.
Al ir por libres, sin apenas darnos cuenta nos situamos en una cabecera de manifestación que no era tal sino un conjunto variopinto de personas que no íbamos en cortejo sindical o partidario alguno y que, de forma imperceptible, fuimos avanzando desagrupados a velocidad muy superior al resto de los manifestantes.
Para hacerse una imagen correcta de cómo estaba conformada la manifestación hay que señalar que la auténtica cabecera la constituía el cortejo minero, lo que tiene lógica si se considera que estos eran los que llevaban su protesta ante el Ministerio de Industria, aunque apoyados por sindicatos, organizaciones de izquierda y trabajadores en general, pero ello dejaba su cortejo desguarnecido de cualquier incidente que pudiera surgir.
Este incidente estaba previsto por la Policía Nacional, cuyos miembros iban equipados con un look Robocoop que sugería que no habían dejado nada al azar.
Los adelantados al grueso de la manifestación alcanzamos finalmente el nº 160 de la Castellana, sede del Ministerio de Industria, situándonos muchos a ambos lados de los carriles centrales del Paseo para flanquear con nuestro recibimiento, consignas y aplausos al cortejo minero que la encabezaba.
Desde el Ministerio varios policías uniformados sacaron fotografías y filmaron a los manifestantes en un evidente acto de provocación. Ya lo habían hecho también en otras partes del recorrido.
Al llegar los 300 mineros a nuestra altura arreciaron los gritos de apoyo, cánticos y aclamaciones. En sus pasos se notaba el cansancio dolorido de las largas jornadas de marcha que les habían llevado hasta allí pero en sus rostros se plasmaba toda la firmeza de las combativas convicciones forjadas a lo largo de siglos de Historia en la vieja memoria del sector más consciente de los trabajadores que renovaban el orgullo de clase de quienes les acompañábamos.
En muy poco tiempo el ambiente cambio. Lo que hasta ese momento era una atmósfera festiva, solidaria y de lucha se tornó en tensión, miedo y enseguida carreras y cargas policiales.
Desde uno de los laterales del Ministerio de Industria comenzaron a llover piedras y plátanos, entre otros objetos arrojadizos, hacia el interior del recinto del Ministerio y sobre las unidades de antidisturbios que custodiaban el lugar oficial.
Rápidamente los antidisturbios se colocaron en formación militar, formando barreras y pertrechados con sus cascos con la visera calada, los escudos, las escopetas para lanzar las pelotas de goma con sus bocachas ya cargadas, prestas a ser disparadas,...
El lanzamiento de proyectiles contra el Ministerio y contra los antidisturbios arreció con mayor ímpetu.
Al poco, los uniformados con toda su parafernalia cortaron la Castellana con furgonetas y en formación tomaron posiciones tanto en los carriles centrales como en las vías de servicio y calles adyacentes mediante largas hileras de antidisturbios.
Enseguida comenzaron las cargas, que se produjeron también a la altura del Santiago Bernabeu, lanzamientos de pelotas de goma, golpes contra los manifestantes, que se saldaron con un total de 76 heridos –niños, mujeres, ancianos, entre ellos- y 8 detenidos. Objetivo cumplido: la manifestación había sido reventada.
Mientras se producía la represión, los dirigentes sindicales de CCOO y UGT intervenían desde la tribuna preparada para cerrar la manifestación, como si la brutalidad policial no fuera con ellos.
¿Porqué?
La razón por la que esta manifestación fue reprimida, disuelta violentamente y reventada, es obvia. Cae por su propio peso.
La épica de la minería había logrado levantar un formidable movimiento de solidaridad entre la población de todo el país, y en concreto de la conservadora sociedad madrileña, que estaba contagiando de voluntad de lucha a amplios sectores de la clase trabajadora en un momento en que las salvajes medidas antisociales del gobierno natural del capital se cebaban de forma draconiana contra los asalariados.
La extraordinaria acogida que el día anterior había tenido la llegada de la Marcha Negra a Madrid anunciaba una manifestación aún más importante el día 11, precisamente el día en que Mariano Rajoy presentaba ante el Congreso el listado de una de las mayores agresiones contra trabajadores, parados y los sectores más débiles de la sociedad en general.
El martes 10 la Delegada del Gobierno en Madrid había lanzado su órdago provocador, evitando cortar el tráfico por las zonas aledañas al paso de la Marcha Negra desde la A-6 hacia el interior de la ciudad, para generar tensión entre manifestantes y automovilistas e incentivar la actitud negativa de estos últimos hacia los mineros.
Sus declaraciones posteriores en el medio más querido por la señora Cifuentes, Intereconomía, redundando en la oposición de derechos entre mineros y manifestantes, por un lado, y automovilistas, por el otro, buscaban alimentar la espiral de una tensión que sólo había sido alimentada por la derecha y sus voceros mediáticos.
Desde el inicio de las huelgas y encierros de los mineros el Gobierno y sus esbirros de los medios de comunicación, prácticamente sin excepción, han intentado criminalizar su lucha, presentándolos como violentos, cuando la auténtica violencia la ha venido ejerciendo la administración política del señor Rajoy condenando al paro a miles de familias y ofreciendo un futuro de ruina a las poblaciones de las cuencas.
El relato elaborado por los medios de comunicación tras la disolución de la manifestación del pasado miércoles 11 es el que les han dictado desde la Delegación de Gobierno de Madrid y el Ministerio del Interior. La prensa española ha actuado respecto a la policía del mismo modo que los periodistas “empotrados” en los ejércitos imperiales de la OTAN en sus aventuras iraquíes, afganas o libias. Los periodistas oficiales son la voz de su amo.
Se ha mezclado interesadamente la pólvora de los petardos y los voladores de los mineros, que evoca sus formas de lucha y, por extensión de la pólvora a la dinamita, al barreno, tan usado en la mina –connotándolo de una violencia que sólo está en la mente de quien así quiera verlo. El uso de esta pirotecnia no fue prohibida en ningún momento- con las piedras, adoquines y plátanos lanzados contra el Ministerio de Industria. El objetivo no era otro que el de implicar a los mineros en las acciones realizadas por los provocadores al servicio del Ministerio del Interior, mostrándoles poco menos que como peligrosos terroristas.
El intento de algunos mineros de entrar en el Ministerio de Industria, o de derribar las vallas que protegían la entrada al mismo, no es otra cosa que la respuesta natural a un Ministro que había decidido ausentarse para no recibirlos. Violencia es negar unos cientos de millones para la supervivencia de las cuencas mineras, violencia es imponer la muerte del carbón y no tocar las grandes fortunas de este país, dar miles de millones para la banca o condenar a millones de personas a la pobreza como consecuencia de los brutales recortes sociales, las reducciones salariales, las prestaciones de desempleo y la subida del IVA, entre otras medidas.
Pero el resto, la chispa que provocó la intervención policial vino de la propia provocación de los antidisturbios, con una dotación desmedida en la manifestación, con toma de imágenes de los manifestantes, con un inicio de su actuación preventiva incluso antes de los incidentes, con agentes infiltrados y camuflados bajo las ya consabidas apariencias antisistema que actuaron buscando la represión, no sobre ellos mismos sino sobre el conjunto de los manifestantes.
Es llamativo que las cargas se efectuaran de manera indiscriminada y que los supuestos antisistema, con sus atrezzos de las bragas cubriéndoles media cara y las capuchas desaparecieran rápidamente una vez lanzados diversos tipos de proyectiles sobre el Ministerio y los policías.
Seguramente tras la brutal intervención policial aparecieron otras personas que respondieron legítimamente a su violencia. Pero no es creíble, después de que ya es de largo conocida la táctica policial de iniciar los altercados, mediante el empleo de provocadores y agentes disfrazados de radicales, que a estas alturas algún “bloque negro antisistema” pretenda reventar una de las mayores manifestaciones que se han producido en Madrid en los últimos 20 años. Y no lo es precisamente porque en ella se expresaba, como en la del día anterior, la recuperación de la conciencia de clase de los trabajadores y se daba la puntilla a ridículos planteamientos ciudadanistas, interclasistas y burgueses que habían protagonizado la atención mediática desde la mitad del 2011 hasta el inicio de las movilizaciones con claro contenido del clase del que los mineros habían sido uno de sus principales detonantes.
La imagen de cientos de miles de trabajadores manifestándose organizadamente ante una de las sedes gubernamentales (Ministerio de Industria) mientras el Presidente Rajoy presentaba su listado brutal de medidas antisociales era demasiado deslegitimadora del gobierno de la burguesía como para que ésta pudiera soportarla. He ahí la clave de porqué esta manifestación fue dinamitada y salvajemente reprimida.
Lo objetivos buscados con el sabotaje de esta manifestación eran diversos.
En primer lugar, ensuciar la imagen de los mineros, dejar un efecto de resaca emocional negativa de la presencia de los mineros en Madrid y asociar la idea de protesta a miedo y represión, desmovilizando con ello a los sectores más influenciables por el poder entre los que apoyan la lucha de la minería.
En segundo lugar, romper la solidaridad de clase con la minería, aislándola para quebrar su resistencia y, como consecuencia la base de un bloque social de lucha hegemonizado por la unidad de los trabajadores en el combate.
En tercer lugar, provocar una reacción social a favor de la represión entre los sectores sociales y políticos más reaccionarios y de las clases medias partidarias del orden.
Solidaridad con los mineros, unidad de clase en la lucha y radicalización de la movilización
Desde que los mineros han vuelto a casa no sabemos nada de ellos. Se ha cortado la comunicación con las cuencas en lo que parece un aislamiento mediático de los mismos, con el fin de rendirlos por el silencio.
Si desaparecen de la escena de lucha están perdidos ellos y está comprometido el éxito de las luchas del resto los trabajadores porque su coraje nos daba bríos para la rebelión.
Es necesario romper ese cordón sanitario que tejen a su alrededor el poder político y sus cipayos de la desinformación. Restablecer y mantener el contacto con las cuencas mineras y proyectarlas sobre la sociedad por todas las vías comunicativas disponibles es decisivo para elevar el nivel del conflicto social y de la lucha de clases.
Por otro lado, la huelga minera ha sido un movimiento surgido desde abajo, sin el apoyo de las cúpulas sindicales reformistas, a las que los encierros, las luchas y las marchas les han supuesto una auténtico quebradero de cabeza en sus objetivos de recomponer un ilusorio pacto social al que la crisis del capital y el fin del Estado del Bienestar han enterrado.
Funcionarios, enseñantes, sanitarios, estudiantes, trabajadores de diversos sectores de los servicios y la industria privada han llevado a cabo, desde el inicio del Gobierno Rajoy y el último período del anterior, luchas aisladas y no integradas en una necesaria globalidad, fuera de las huelgas generales y de algunas manifestaciones sindicales concretas.
Ese aislamiento de cada lucha se ha visto reforzado por la particularidad de la división estructural del Estado español. La territorialización del poder autonómico, con sus respectivos recortes sociales, es otro factor añadido de la división de las movilizaciones y protestas de los trabajadores.
A ello se une que el nivel de la respuesta social es, por el momento, más intenso en la administración y las empresas públicas que en la empresa privada, sin duda tanto por las diferentes fases de la agresión del capital y de su gobierno a los derechos laborales en uno y en otro entorno como por el diferente grado de dificultad para ejercer la protesta que presenta cada escenario. La huelga en el sector privado se está convirtiendo en una cuestión casi episódica y su seguimiento en un acto heroico por la falta casi total de respeto al derecho de los trabajadores a defender sus conquistas en proceso de extinción.
Reforzar la solidaridad entre unos y otros sectores de trabajadores, públicos y privados, denunciando el carácter reaccionario y esquirol que tienen los estereotipos contra los funcionarios y empleados públicos y afirmando que el mantenimiento de sus puestos de trabajo es la garantía de salvar lo que queda de los servicios, es fundamental.
Pero también lo es implicar a los trabajadores de la administración en la búsqueda de fórmulas solidarias de apoyo a las luchas de los empleados de las empresas privadas.
Del mismo modo, romper la fragmentación territorial que plantea el distinto ritmo y las diferentes vías de agresión de las administraciones y las empresas a las luchas es decisivo para ir elevando la potencia de la respuesta de los trabajadores al capital y a su gobierno.
Es fundamental hacer comprender al conjunto de la clase trabajadora que no habrá salidas individuales para colectivos particulares porque los ajustes, los recortes sociales y la brutalidad de las “medidas anticrisis” se impone sobre toda la clase. O golpeamos juntos o nos derrotan a todos en conjunto y a cada uno en su posición estanca.
La agudización de la crisis capitalista, de las consiguientes recetas políticas para enfrentarlas y de las condiciones laborales de semiesclavitud del trabajador desvela en toda su plenitud el carácter de clase de la contradicción capital-trabajo.
Ello destapa, a su vez, la superchería de la “ilusión democrática” de que la salida frente a la crisis del capital sean las fórmulas defendidas por las clases medias y suministradas por el propio capital como narcótico frente a la radicalización de las luchas.
La “solución” de la “democracia participativa” frente a una supuesta crisis de la democracia o a su propio fin ha tomado el efecto por la causa para evitar profundizar en las contradicciones sistémicas de la democracia burguesa.
La crisis de la democracia es consecuencia de la crisis del capital. Ello provoca una reducción de la aparente autonomía de lo político frente a lo económico y requiere del Estado una creciente dosis de autoritarismo para reprimir la protesta frente a la creciente desigualdad y dualidad sociales nacidas de un proceso de recuperación de la hegemonía de la burguesía y de la transferencia de las rentas del trabajo a las del capital.
El Estado, abandonado el modelo de pacto social, deviene forma fascioliberal, no porque los políticos sean una casta o se recorte la participación ciudadana, sino porque ha mutado su apariencia como consecuencia de la agudización de la lucha de clases en la que la burguesía toma la iniciativa y sustituye consenso social por represión al servicio del capital.
El cambio de escenario de la primacía política –apariencia ideológica- a la económico-social y de la propuesta “político democrática” de las clases medias hacia la agudización de la contradicción capital- trabajo aparece como proceso que se objetiva en el mundo de lo real.
Pero lo que ha cambiado en cuanto a condiciones objetivas requiere de una nueva subjetividad en lo ideológico que derrote el pensamiento y la propuesta de “ilusión democrática” de las clases medias “indignadas” para generar una hegemonía de pensamiento en clave de defensa de los intereses de la clase trabajadora y de una toma de posición revolucionaria contra el capital.
En lo sindical y en las luchas sociales ello supone la necesidad de desbordar los límites que marcan a la conflictividad las burocracias sindicales reformistas, introduciendo dosis de radicalidad creciente y elevando el nivel de la confrontación de clase a través de movilizaciones que tengan ya un claro objetivo político, no meramente defensivo, sino de derrota de las estrategias del capital.
Es necesario imponer a las cúpulas dirigentes sindicales y a las organizaciones políticas pseudoizquierdistas una dinámica de confrontaciones con la burguesía y sus aparatos estatales que rompa con la ritualidad de las movilizaciones obligadas por la circunstancia de salvaguardar su influencia en la clase trabajadora pero que sólo buscan combinar movilizaciones ocasionales con períodos más o menos largos de desmovilización.
El paso a una fase de movilización sostenida y creciente exige un manejo de los tiempos y de las intensidades que no agote la fuerza de lucha de los trabajadores y que incremente la conciencia de clase y la acumulación de fuerzas pero que, a su vez suponga una administración de las movilizaciones capaz de provocar un efecto acumulativo en el debilitamiento de la fuerza del capitalismo para imponer su salida a la crisis.
La convocatoria de las movilizaciones por parte de CCOO y UGT para el próximo 19 de Julio es una oportunidad para hacerles llegar a sus dirigentes alto y claro el mensaje de que no vamos a permitir ni una vez más esa conjugación de movilizaciones puntuales con largos períodos de vacaciones sindicales.