Las centrales UGT y CCOO acompañan a su ciclo de tardías y titubeantes movilizaciones, un documento programático denominado “Alternativas sindicales a la política económica y social del gobierno. Recuperar derechos y defender el Estado social” (ASI), que es el que revisamos a continuación, siendo el objeto de crítica en este texto. Su discusión debe entenderse, reconociendo algunas medidas interesantes, como una enmienda reclamando mayor perseverancia, profundidad propositiva y combatividad consecuentes.
1. Una respuesta débil ante un contexto de grave crisis y tensión social.
Los sindicatos mayoritarios en el Estado español se encuentran en un atolladero. Por un lado, el conjunto de agresiones en materia de política económica, de desregulación financiera, de corsés en la política europea, de regresión laboral, de recortes en las políticas sociales, de bloqueo y amenazas a la negociación colectiva, les ha empujado a responder al gobierno, patronal y otros actores para hacerse valer. Sobre todo porque el poder capitalista ha dado un golpe en la mesa y ha hecho tambalear las piezas, e incluso las casillas de la mesa de juego donde estaban asentadas estas grandes centrales.
Un nuevo ciclo de brutalidad neoliberal desbarata el statu quo sindical adquirido en esta transición postfranquista. No ha quedado otra que interrumpir el diálogo social, ante el ninguneo de gobierno y patronal, la desacreditación, y el ejercicio unilateral del poder, muy a su pesar. De manera dolorosa, tardía y sin reflejos, se han convocado huelgas generales (8J, 29S), que han sido organizadas de manera desigual, con trastabillo. Inesperadamente, la respuesta social ha sido positiva, incluyendo gran parte de la estructura de base de sindicatos mayoritarios y minoritarios, consiguiendo parar la producción y desarrollando importantes manifestaciones, obteniendo un éxito relativo de presencia ante la sociedad.
Ante el compromiso reiterado del gobierno con las oligarquías financieras y con las políticas de ajuste recomendadas por Bruselas, sin cambiar nada de las reformas emprendidas, las direcciones sindicales han sopesado nuevas iniciativas. Para formularlas se ha meditado con lentitud, desconcierto, y se ha tenido que encajar la inercia interna de un titubeante, sino adverso, segmento socialiberal, que todo lo confía al pacto social y a la pervivencia del PSOE en el gobierno. La dirección socialdemócrata de los sindicatos mayoritarios, empujada por la tensión a la que se ve sometida y el malestar por abajo, ha conseguido arrancar soluciones de continuidad para la movilización social, al tiempo que clamando el vano intento de restablecer el idealizado diálogo social.
Entre las iniciativas decididas se incluyen movilizaciones –a instancias de la CES- con paros simbólicos en Europa para el miércoles 15D; y, con vocación de alianza unitaria con otras fuerzas sindicales y sociales, manifestaciones descentralizadas en todo el estado, para dar continuidad a las protestas. También se ha emprendido el impulso de una Iniciativa Legislativa Popular, con recogida de firmas, con un proyecto de ley que trate de modificar los pilares más duros de la reforma laboral. Resulta decepcionante que el debate sobre qué modelo de ILP no se haya compartido con otras fuerzas sindicales y políticas rebeldes a la reforma, y que la duda que se mantiene sea si iniciar la recogida de firmas antes o después de mayo de 2011, cuando se celebran las elecciones municipales y autonómicas.
En nuestra opinión, los sindicatos, se comprometieron en su día a desarrollar su acción, al mismo tiempo que con un carácter sociopolítico, con autonomía de los partidos. Sin embargo, hemos presenciado dos fenómenos, uno que parte desde la transición política, y otro más reciente, en franca contradicción con esos principios. Por un lado, el modelo sindical de las centrales mayoritarias de los últimos treinta años escindió sus reivindicaciones laborales de un cuestionamiento político de las instituciones postfranquistas. Por otro, aunque en grados variables, asistimos a un cálculo político –reducido a lo electoral/gubernamental- pendiente de las expectativas del PSOE, para determinar su acción sindical. Se sigue, sorprendentemente, confiando en el fetiche de una democracia representativa de baja intensidad, con un modelo electoral tramposo que hace del pluralismo político un hecho extraño, y con un poder político cada vez con menos soberanía real.
En esta situación, las centrales UGT y CCOO también acompañan a su ciclo de tardías y titubeantes movilizaciones, un documento programático denominado “Alternativas sindicales a la política económica y social del gobierno. Recuperar derechos y defender el Estado social”1 (ASI), que es el que revisamos a continuación, siendo el objeto de crítica en este texto. Su discusión debe entenderse, reconociendo algunas medidas interesantes, como una enmienda reclamando mayor perseverancia, profundidad propositiva y combatividad consecuentes.
2. La alternativa política económica y social de los sindicatos mayoritarios: luces y sombras.
El pasado 27 de Octubre de 2010 sale a la luz un documento programático sindical que acompañará al proceso de movilización por fin inaugurado. Con ello tratan de visualizar propuestas, saliendo de una dinámica a remolque. En él se exige dar marcha atrás aspectos centrales de la Reforma Laboral o en la congelación de las pensiones, y persigue actualizar la negociación colectiva, recuperar el cumplimiento de los acuerdos violentados en el sector público, y garantizar la protección social. Pone ante la sociedad y ante el gobierno alternativas concretas.
Siendo positivo, merece la pena discutir algunos planteamientos y medidas concretas del texto. En primer lugar, contando con la participación abierta de fuerzas sociales comprometidas con la resistencia a la ofensiva capitalista. En particular, discutir algunas cuestiones de su orientación que, mejoradas, permitirían avanzar claves para afrontar los conflictos reales con un proyecto transformador. En tercer lugar, para que con este debate abierto sea posible establecer estrategias unitarias sólidas y duraderas, orientadas a la lucha y el cambio en la correlación de fuerzas.
1. Un marco keynesiano de interpretación económica.
Su aproximación económica reclama un reparto de los sacrificios para una salida capitalista a la crisis, con una batería de propuestas keynesianas para un contexto en el que difícilmente tendrán cabida, no sólo por el marco neoliberal adverso, sino por su incapacidad para enfrentar determinaciones de fondo.
Realiza una acertada crítica sobre el carácter depresivo de las políticas neoliberales que gestionan la crisis, que intensificarán su dureza, y causarán una “recaída en la recesión”. Entiende que la obsesión exclusiva por la reducción por el déficit público es contraproducente. Sin embargo, asume la aspiración, en consonancia con la Confederación Europea de Sindicatos, a un crecimiento económico sostenido, compatible con una reducción del déficit público y el sostenimiento de las políticas sociales y de empleo. Conformándose con la simple recuperación económica, no advierte que cualquier acumulación capitalista es insostenible ecológicamente. Tampoco ve contradicción entre acumulación del excedente y promoción de políticas sociales. Acumular para dar empleo y repartir, ¿no suena esto a armonicista discurso convencional?. Las dificultades económicas coyunturales, las asocia a la gestión neoliberal, y no a la propia dinámica hipertrofiada del capitalismo global. En suma, no reconoce el carácter decadente ni toda la complejidad de la actual crisis capitalista. Simplemente se observa una crisis económica profunda de demanda –de subconsumo-, si acaso de medio plazo y superable. En definitiva, parte de un diagnóstico deficiente y desenfocado y aborda una estrategia de corto recorrido y apenas verosímil.
Como apunte favorable se refleja en el documento un reclamo a una mayor iniciativa pública y la apelación a un régimen fiscal más intensivo y progresivo y una política pública redistribuidora, compatible con la reducción del déficit público. En efecto, el problema del déficit público radica en una baja presión fiscal, una mala distribución del esfuerzo tributario, una desfiscalización, un enorme fraude, evasión y fórmulas de elusión fiscal, aunque también en todas las transferencias, subvenciones y rescates al capital. Estando conformes en parte con esta interpretación, debe no obstante recordarse que para que esa política económica fuera posible sería necesario otro marco sociopolítico en donde los gobiernos no estuvieran supeditados a los poderes económicos, las oligarquías financieras y el modelo vigente en la UE. Esto es, una política de gobierno progresista en un marco como éste no es creíble sin un proyecto democratizador donde se estén construyendo desde abajo otras instituciones, de poder popular, que embriden las relaciones políticas y de producción.
2. ¿Es otra Europa posible?.
La nueva gobernanza europea afianza la exigencia de un control a priori de los presupuestos estatales para el cumplimiento del Plan de Estabilidad, 3% de déficit y 60% de deuda pública, o en caso contrario establecerá sanciones económicas, posible retirada del voto, etc… El texto sindical responde que no hay salida con la reducción de salarios, derechos sociolaborales, o del Estado del bienestar, como medidas sustitutas a la devaluación monetaria. Pero su crítica se limita al carácter deflacionista y recesivo del ajuste neoliberal.
Llama la atención que la crítica sindical a la gobernanza europea se limite al lugar que compete decidirla. Pero creemos que el problema no son los ministerios que participen en su gestión, sino el modelo en sí. Frente a la alergia de Bruselas a los Referendos, la bandera sindical debiera ser una democracia desde abajo.
Quizá debieran enfatizar el carácter de la construcción económica de la UE. En ella el Euro naufraga en medio de un gran mercado sin Estado que lo gobierne, generando desigualdades brutales. Habría que referirse a la carencia de políticas fiscales armonizadas progresivas y vigorosas; la configuración de políticas de inversión y sociales a escala europea dignas de tal nombre; una línea de políticas de cohesión social y solidaridad interregional compensadoras y efectivas; y políticas de homogeneización al alza de la regulación laboral. La única respuesta consecuente sería exigir otro modelo económico y político europeo. De no ser así, brindar una salida de varios países de la eurozona a los que perjudique tal modelo para construir un área solidaria económica alternativa.
3. ¿Cambio de modelo productivo o, más bien, otra forma de competir?.
La forma en que el documento sindical plantea el necesario “cambio de modelo productivo” se presenta como si la economía fuera un laboratorio tecnócrata al margen de estructuras e intereses. Sugiere medidas para competir en segmentos productivos de alto valor añadido, con tecnología innovadora y trabajo cualificado. Competir, en suma, a nivel nacional de otra manera, sin cuestionar la lógica desigual de la competencia internacional, y sin reconocer que nuestro punto de partida y posición de poder no es la de Alemania. Según su argumento basta con hacer prospección de “nichos de mercado y procesos tecnológicos de futuro” e invertir en ellos. Lo plantean de manera voluntarista, sin dar cuenta del papel estructural de la rentabilidad, del comportamiento de los flujos de capital, del desarrollo desigual, el poder de mercado de países y grandes transnacionales, y de la escasa autonomía del sector público, supeditada a la lógica de los intereses de la economía privada.
Sugiere realizar políticas industriales, modernizar los sectores existentes y potenciar nuevos sectores innovadores y sostenibles. Pero pensar que esto se puede hacer en el marco del sector público sin cuestionar su naturaleza sociopolítica al día de hoy es un brindis al sol. No se trata, como se dice, de “falta de liderazgo institucional” sino el papel que el Estado desempeña en el marco capitalista, y su función prioritaria de dar sostén y mínima racionalidad a la economía de mercado.
Ni que decir tiene que frente a “competir de otra manera” habría que construir una economía más cooperativa, equitativa, eficiente e internacionalmente solidaria. La competencia implica asumir lo que el mercado tiene de rivalidad, desequilibrio, desigualdad e ineficiencia, y su entronización ignora que hay países, y grandes segmentos populares, que pierden en ese juego por razones de poder, que en nada tienen que ver con el esfuerzo y creatividad aportados.
4. ¿Y el sistema financiero qué?
En el documento no se caracteriza el decisivo fenómeno de la hipertrofia financiera, y no se identifica adecuadamente la responsabilidad del sector financiero como poder establecido causante de algunos rasgos agudos de la crisis. La única incursión en este capítulo refiere a una indefinida reforma del sistema financiero que si acaso consistiría en cambios en la Ley de Cajas de Ahorros, sin tocar a la banca privada. En un contexto de depredación de las Cajas para su apropiación por los bancos, de irresponsabilidad ante la crisis, y de la avidez de poder y apropiación por parte de la banca, parece que la ausencia de reivindicaciones más audaces, como la recuperación de la banca pública y la expropiación de la banca que no cumple determinadas condiciones de solvencia y fluidificación del crédito, se siente más fuerte.
5. Unas políticas de empleo poco ambiciosas.
El documento parte que uno de los problemas principales consiste en el paro. En especial, el desempleo y la precariedad laboral de la juventud, en la que se incluyen la proliferación de figuras atípicas (becas, falsos autónomos, empleos a tiempo parcial no voluntarios, etc…), o el deterioro de las condiciones de trabajo.
Renunciando a propuestas más estratégicas, propone extender el contrato de formación entre la juventud para todas esas situaciones laborales dudosas, la formación profesional, y la introducción de medidas de adecuación del tiempo de trabajo –en alusión a la flexibilidad horaria y la distribución de la jornada- para compatibilizar empleo y formación. Sin duda, parece una línea de medidas menor ante el panorama laboral existente.
Otro capítulo, es el de la llamada a la mejora y refuerzo de los servicios públicos de empleo, que desde luego deben potenciar su labor activa de intermediación. También defiende el texto las políticas activas de empleo (que presupone la pasividad y negatividad de las prestaciones sociales). Aspira a que la formación para el empleo se adecúe, sin más, a las “necesidades del sistema productivo”. Pero debe advertirse que el aprovechamiento de la “empleabilidad” de la fuerza de trabajo está condicionada a la creación de empleo y ésta, del modelo y política económica inversora. No basta con formar para que las personas encuentren empleo, si este no existe. La cualificación no crea empleo por sí misma, aunque la productividad y calidad del trabajo sí dependan del perfil de las ocupaciones y de la preparación y organización de la fuerza de trabajo que las desempeñan. Además, la planificación de la formación no puede atender únicamente las necesidades actuales del sistema productivo, expresadas unilateralmente por el empresariado y sus requerimientos de rentabilidad. La formación debe consistir en una preparación en habilidades y métodos generales para entornos productivos cambiantes, y que potencialmente pueden diseñarse en la perspectiva de un modelo productivo de futuro. La educación y la formación deben orientarse a los cambios potenciales del modelo productivo y contribuir a dirigir ese cambio.
Para nosotros es una grave ausencia el que no se esbocen siquiera horizontes para la consecución del reparto del empleo y de todo el trabajo, con soluciones generales de reducción del tiempo de trabajo sin reducciones salariales. De igual manera, la cuestión clave para atacar la precariedad no sólo consiste en conseguir la causalidad del despido o de la temporalidad, que también, sino en castigar, en forma de mayores cotizaciones sociales e indemnizaciones por despido, a la contratación temporal, muy por encima de la indefinida. También habría que acabarse con las bonificaciones y subvenciones para un tipo de contratación que debería ser normal, como habría de ser la contratación estable.
6. La protección social de las personas. ¿De qué pensiones me hablas?.
Si algo resume el documento es que tiene un carácter político defensivo. Compartimos que haya que apostar por la protección del desempleo, mediante prestaciones y subsidios, o disponer de rentas de ciudadanía, pero no parece que conservar el modelo de rentas mínimas, el subsidio de los 426 euros, o elevar el SMI al 60% del salario medio deban considerarse aspiraciones suficientes, ni medidas de resistencia sólidas, ni mucho menos una conquista. Ciertamente es un tema importante para muchas familias en paro o con salarios de pobreza. Pero no hay mejor política social que una buena política económica –desde parámetros alternativos-, porque si no la política social se reduce a repartir las migajas de la dinámica económica.
Más preocupación nos crea, en un contexto de previsible reforma de las pensiones, el reforzamiento de algunos de los principios del Pacto de Toledo, como es el de la contributividad, que en gran medida colisiona, si no fuera por la existencia de mínimos y máximos y el modelo de reparto intergeneracional, con el de solidaridad.
Pero si hay un tema alarmante es la incomprensión generalizada de la evolución demográfica. El documento sindical no comparte el catastrofismo urgente de las posturas neoliberales, pero admite que el impacto del envejecimiento poblacional puede ser durísimo y duradero, lo que empuja a una adecuación gradual de los ingresos y prestaciones del sistema para gestionar la “sostenibilidad del sistema de seguridad social”. Cabe indicar que la relativa inversión de las pirámides de población (a causa de la mayor esperanza de vida y del control de la natalidad) incidirá a partir de dos décadas, y su impacto se agotará dos décadas después –con la desaparición de la generación del baby boom-, tras las cuales se reestablecerá el equilibrio entre cohortes, si no antes, gracias al fenómeno inmigrante. Pero, siendo su impacto cierto pero limitado y temporal, la demografía es un factor entre otros. El mayor gasto proporcional en pensiones se podrá enfrentar de muchas maneras: con el crecimiento de la productividad; con creación de empleo, vidas laborales más estables, o el aumento de la tasa de actividad femenina; el incremento de retribuciones y de la masa salarial y por tanto de la base de cotizaciones; el incremento de las cotizaciones o, en caso de ser necesario, aportaciones de los presupuestos públicos y los impuestos. No es necesario el recorte del cómputo de las pensiones ni el retraso de la edad de jubilación –legal o efectiva-. Además, no se ha contemplado que, por desgracia, aún sin modificar el sistema de cómputo de las pensiones las vidas laborales intermitentes, más cortas, con retraso en la incorporación y anticipación de la salida de las nuevas generaciones empleadas bajo un nuevo modelo laboral más precario, supondrá, por sí mismo, una caída en la pensión media que también aliviaría por el lado del gasto. Y mucho de todo lo anterior depende de las políticas económicas y de las prioridades sociales que se planteen.
Así que no admitimos ese argumento soterrado que da razón de ser al espíritu de “dosificación hacia debajo”, que no se entiende más que por exagerar el impacto demográfico. Y menos aún si se plantea como opción reforzar la contributividad (dar más a quien más aporta), porque en su espíritu –si bien se distingue por los límites establecidos- habría en una tendencia, si se desarrolla al extremo, a converger relativa e ideológicamente con modelos de capitalización individual.
El Pacto de Toledo sopesa el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, la ampliación del periodo de carencia de 15 a 20 años, o aumentar los años de 35 a 38 o 40 años de cotización para alcanzar el 100% de la pensión. Las última medida por sí sola comportaría o disminuir la pensión media, o, en combinación con la ampliación del periodo de carencia, y la profundización de prolongar flexiblemente la trayectoria laboral (“la jubilación flexible” por la que también el texto sorprendentemente simpatiza), un aumento de la edad efectiva de jubilación y un deterioro importante de este derecho para la mayoría asalariada. Aunque el aumento de la edad legal de jubilación sería de por sí enormemente lesivo, aún cuando no se modificase, con las medidas anteriores caería la pensión media y aumentaría la edad efectiva de retiro. Asombra que no se defienda una anticipación de la edad de jubilación –salvo en la generalización del derecho a la jubilación anticipada que los sindicatos piden-, una reivindicación clásica del movimiento obrero, que refuerce el reparto del empleo, y otras medidas de retiro gradual y de transferencia de experiencia y conocimientos entre generaciones.
Compartimos, no obstante, las medidas de reforzamiento de la estructura de ingresos del sistema (aumentar bases máximas de cotización, mejora de las bases mínimas, aumento del SMI, etc…), aunque también ayudaría eliminar los topes máximos de cotización. También son interesantes las medidas planteadas por los sindicatos de dotación con más servicios públicos que contribuyesen a la conciliación de la vida familiar y personal. Aunque no se identifican medidas que incentiven la corresponsabilidad de los varones en la asunción de la crianza y tareas domésticas (permiso de paternidad exclusivo, por ejemplo), sino que estas medidas estarían exclusivamente encaminadas a “aumentar la tasa de actividad femenina”.
Por otra parte, la renuncia a largo plazo del recurso a ingresos por vía de impuestos (en combinación con un régimen fiscal progresivo) no parece muy inteligente, por si hubiese más adelante algún cambio (en la caída de productividad, en la crisis del empleo o reducción en los salarios, etc…) que exigiese un complemento público al sistema de Seguridad Social. Descartar esta fuente alternativa para todo contexto nos parece, cuanto menos, inconveniente.
7. La reestructuración de la negociación colectiva
En este capítulo parece que hay un ánimo y una orientación positiva. La rearticulación de la NC, el fomento de la llamada “flexibilidad interna” previniendo medidas drásticas de ajuste, la apuesta por la coordinación sectorial estatal, o la identificación de nuevos ámbitos de negociación (empresas en red, empresas con dos o más actividades, empresas con dimensión comunitaria) son propósitos e ideas que se basan en buenas intuiciones. Sin embargo, el documento no desciende a mayor concreción. Posiblemente, porque lo ha querido dejar abierto a la negociación con la contraparte empresarial, que, por lo visto, no se muestra colaborativa. Si no hay acuerdo, el gobierno legislará unilateralmente al respecto en plazo cierto. ¿No es motivo esto más que suficiente, junto con el bloqueo de gran número de convenios, para manifestarse específicamente contra la patronal?. ¿No debería plantearse también una reforma para que las patronales probasen su legitimidad negocial y de su actividad, para que se instase al empresariado a identificar agentes negociadores a las que nos les valga no negociar?. ¿Por qué no reclamar, en su defecto, en ausencia de patronal legítima o de actitud de buena fe negociadora, el reconocimiento de mayor protagonismo para regular las relaciones laborales a las RLT?.
8. ¿La recuperación del diálogo social?
Los sindicatos siguen confiándolo casi todo al restablecimiento del objetivo del diálogo social. Siguen concibiendo el modelo socioeconómico y laboral vigente como un sistema de desajustes en el que cabe conciliar intereses entre diferentes clases sociales, y en el que se plantea que es posible y deseable “compartir objetivos”. No se ha hecho balance del papel del diálogo social en los últimos treinta años, una época bien distinta a la de los 20 años posteriores a la II Guerra Mundial, donde no se ha producido apenas espacio para pactos favorables a la clase trabajadora, y que en el mejor de los casos sólo se han dosificado agresiones o racionalizado derechos. Únicamente cuando se han producido fuertes conflictos y luchas sociales ha habido mejoras significativas (14D) o parado graves agresiones (20J).
Es quizá este punto el que nos decepciona más. Porque no se trata de tachar la palabra pacto del panorama, porque este a veces en un contexto sindical puede ser una vía inevitable cuando la correlación de fuerzas no permite un mayor avance objetivo u otra solución que tabicar una ofensiva antisocial y antiobrera. Pero lo que no podemos comprender que, en un contexto capitalista donde hay intereses en conflicto irreconciliables, no se admita, o se haga a regañadientes, que lo prioritario es la lucha, que es la única manera de defender, negociar y conquistar los derechos de cualquier índole. En nuestra opinión, hay que organizarse mejor, plantear propuestas más avanzadas, y desarrollar una estrategia a la ofensiva apoyada en una lucha social sostenida.
3. Otro sindicalismo es posible. Todo el sindicalismo consecuente de clase es necesario.
En nuestra opinión se yerra en el diagnóstico, en la orientación y en muchas de las medidas. Ahora bien, se trata de aportar para que este diagnóstico consiga una caracterización más completa. Llegan momentos que ya no se puede obviar la pluralidad de las aportaciones movimiento obrero. Lo son también para que el movimiento sindical se desembarace de sus servidumbres socialiberales. Lo son para construir un proyecto transformador abierto y unitario, sostenido en una movilización consecuente y mejor organizada. Ahora más que nunca es decisivo responder a la vez a las fuerzas del capital envalentonadas, y obrar en consecuencia ante la crisis civilizatoria que tenemos delante.
Creemos que el documento de propuestas sindicales llamado “ASI”, a pesar de sus contradicciones internas, representa también una oportunidad para la discusión y el diálogo entre las fuerzas del movimiento obrero. Y que es posible, entre todas y todos los trabajadores, fortalecer sus planteamientos y su programa para enfrentarse a los desafíos de nuestro tiempo. Esa es la tarea que a todas y todos nos ha tocado abordar.
Nota
1. http://www.ugt.es/actualidad/2010/octubre/Alternativas_Sindicales_politica_economica_social_Gobierno_UGT.pdf
