27 de octubre de 2010

TRABAJAD MÁS DURO PARA GANAR MENOS: LA FURIA FRANCESA EN LA JAULA EUROPEA


Ahí están de nuevo los franceses: de huelga, bloqueando el transporte, armando una buena por las calles, y todo simplemente porque el gobierno quiere elevar la edad de jubilación de los 60 años a los 62. Tienen que estar locos.  
Supongo que esa es la forma en que se ve el actual movimiento de masas – o se muestra, por lo menos – en buena parte del mundo, y sobre todo en el mundo anglosajón.   
Acaso lo primero que haya que decir respecto a las actuales huelgas masivas en Francia es que en realidad no tienen que ver realmente con "elevar la edad de jubilación de los 60 a los 62 años". Esto equivale a describir el libre mercado capitalista como una especie de puesto de limonada. Una simplificación propagandística de cuestiones muy complejas.
Les permite a los comentaristas arremeter contra puertas de par en par abiertas. Al fin y al cabo, observan sagazmente, la gente de otros países trabaja hasta los 65 años, de modo que ¿por qué van a librarse los franceses a los 62? La población envejece, y si no se eleva la edad de jubilación, el sistema de pensiones irá a la bancarrota teniendo que pagar las pensiones de tantos ancianos.
Sin embargo, el actual movimiento de protesta no tiene que ver con "elevar la edad de jubilación de los 60 a los 62". Se trata de mucho más. 
Para empezar, este movimiento expresa la exasperación con el gobierno de Nicolas Sarkozy, que de forma descarada favorece a los superricos sobre la mayoría de la clase trabajadora de este país. Fue elegido con el lema, "Trabajar más para ganar más", y la realidad ha terminado siendo que se trabaja más para ganar menos. El ministro de Trabajo que introdujo la reforma, Eric Woerth, le consiguió a su mujer un empleo entre el personal de oficina de la mujer más rica de Francia, Liliane Bettencourt, heredera de L´Oréal, el gigante de los cosméticos, al mismo tiempo que como ministro a cargo del presupuesto hacía la vista gorda a sus abultadas evasiones fiscales.
Mientras las deducciones fiscales a los ricos ayudan a vaciar las arcas públicas, este gobierno hace lo que puede por echar abajo el conjunto del sistema de seguridad social surgido tras la Segunda Guerra Mundial con el pretexto de que "no nos lo podemos permitir". 
La cuestión de las jubilaciones resulta bastante más compleja que la "edad de jubilación". La edad legal de jubilación significa la edad a la que puede uno jubilarse. Pero la pensión depende del número de años trabajados, o para ser más precisos, del número de cotisations  del plan conjunto de pensiones. Con la excusa de "salvar al sistema de la bancarrota", el gobierno va elevando gradualmente el número de años de cotización de 40 a 43 años, dando indicios de que se ampliará aún más en el futuro.  
A medida que se prolonga la educación y se empieza a trabajar más tarde, para tener una pensión completa la mayoría de la gente tendrá que trabajar hasta los 65 o los 67.  Una "pensión completa" viene a estar en torno al 40% del salario en el momento de la jubilación.  
Pero aun así, puede que no sea posible. Cada vez es más difícil encontrar empleos a tiempo completo y los patronos no necesariamente desean conservar empleados mayores. O bien la empresa desaparece y el trabajador de 58 años se encuentra permanentemente desempleado. Cada vez se vuelve más difícil trabajar a tiempo completo en un empleo asalariado durante más de cuarenta años, por mucho que uno quiera. De modo que en la práctica la reforma de  Sarkozy-Woerth significa sencillamente reducir las pensiones.  
Eso es, de hecho, lo que la Unión Europea ha recomendado a todos los estados miembros como medida económica, con la intención, como en el caso de la mayor parte de las actuales reformas, de reducir costes sociales en nombre de la "competitividad", queriendo decir competencia para atraer la inversión de capital.  
Los trabajadores menos cualificados, que en lugar de proseguir sus estudios, hayan podido entrar en la población activa jóvenes, digamos a los dieciocho años, habrán estado inscritos en un plan durante cuarenta y dos años a la edad de 60 si consiguen, desde luego, seguir con empleo durante todo ese periodo. Las estadísticas muestran que su esperanza de vida es relativamente breve, de modo que necesitan dejar de trabajar pronto si quieren disfrutar de alguna clase de jubilación.    
El sistema francés se basa en la solidaridad entre generaciones, en el sentido de que las cotizaciones de los trabajadores de hoy se destinan a pagar las pensiones de la gente hoy jubilada. El gobierno ha intentado sutilmente enfrentar a una generación contra otra, arguyendo que es necesario proteger el futuro de la juventud de hoy, que paga por los pensionistas del baby boom. Por lo tanto resulta extremadamente significativo que esta semana los estudiantes universitarios y de instituto se unieran al movimiento huelguístico de protesta. Esta solidaridad intergeneracional es un serio golpe al gobierno. 
Los jóvenes son mucho más radicales incluso que los viejos sindicalistas. Son muy conscientes de la creciente dificultad de hacerse una carrera. La tendencia es que el personal cualificado entre en el mercado de trabajo cada vez más tarde, después de haber pasado por años de enseñanza. Con la dificultad de encontrar un puesto de trabajo estable, a tiempo completo, muchos dependen de sus padres hasta los 30 años. Es cuestión de simple aritmética darse cuenta de que en este caso no habrá jubilación plena hasta la edad de 70 años.   

Productividad y desindustrialización 

Como es ya práctica habitual, los autores de las reformas neoliberales las presentan no como elección sino como necesidad. No hay alternativa. Debemos competir en el mercado global. O seguís nuestra vía o vamos a la quiebra. Y esta reforma la dictó esencialmente la Unión Europea, en un informe de 2003, al concluir que hacer trabajar más a la gente era necesario para recortar los costes de las pensiones.
Estos dictados impiden cualquier discusión de los dos factores básicos que subyacen al problema de las pensiones: productividad y desindustrialización.  
Jean-Luc Mélenchon, antiguo miembro del Partido Socialista que encabeza el Partido de la Izquierda [Parti de Gauche] relativamente nuevo, es casi el único dirigente político en apuntar que aun cuando haya menos trabajadores que contribuyan a los planes de pensiones, la diferencia puede compensarse con un aumento de la productividad. Desde luego, la productividad del trabajador francés está entre las más altas del mundo (es mayor que la de Alemania, por ejemplo). Además, aunque Francia tenga la segunda esperanza de vida más alta de Europa, también tiene la tasa de natalidad es más elevada. Y aunque sean menos los que tienen empleo, debido al paro, la riqueza que producen debería ser suficiente para mantener los niveles de las pensiones.       
Ajá, pero he aquí el truco: durante décadas, conforme la productividad sube, los salarios se  estancan. Los beneficios del aumento de la productividad se desvían al sector financiero. La hinchazón del sector financiero y el estancamiento del poder adquisitivo ha conducido a la crisis financiera, y el gobierno ha conservado el desequilibrio rescatando a los despilfarradores financieros.
Así que, lógicamente, conservar el sistema de pensiones exige básicamente elevar los salarios para que reflejen la mayor productividad: un cambio de política de verdadera envergadura.
Pero existe otro problema crucial ligado a la cuestión de las pensiones: la desindustrialización. Con el fin de mantener los elevados beneficios drenados por el sector financiero y evitar pagar salaros más altos, una industria tras otra ha desplazado su producción a países de trabajo barato. Las empresas rentables cierran mientras el capital sigue buscando beneficios aún mayores.
¿Es esto simplemente resultado inevitable del ascenso de las nuevas potencias industriales de Asia? ¿Es inevitable una rebaja de los niveles de vida de Occidente debido a su ascenso en Oriente? 
Tal vez. Sin embargo, si desplazar la producción industrial termina por hacer bajar el poder adquisitivo de Occidente, eso lo sufrirán entonces las exportaciones chinas. La misma China está dando los primeros pasos para fortalecer su mercado interior. El "crecimiento orientado a la exportación" no puede ser la estrategia de todos. La prosperidad mundial depende en realidad de fortalecer tanto la producción interna como los mercados interiores. Pero esto exige la clase de política industrial deliberada que prohíben las burocracias de la globalización: la Organización Mundial del Trabajo y la Unión Europea. Operan con el dogma de la  "ventaja comparativa" y la "libre competencia". Sobre la base del libre comercio, China se enfrenta actualmente a sanciones por promover su propia industria de energía solar, vitalmente necesaria para acabar con la mortal contaminación del aire que asola a ese país. Se trata la economía como un gran juego en el que seguir las "reglas del libre mercado" es más importante que el medio ambiente o las necesidades básicas de los seres humanos. 
Sólo los financieros pueden salir ganando en este juego. Y si pierden, pues, bueno, consiguen de los gobiernos serviles más fichas para otro juego.

¿Punto muerto?
¿En qué acabara todo?  
Debería acabar en algo así como una revolución democrática: una completa puesta a punto de la política económica. Pero hay razones muy poderosas para que esto no suceda.
Para empezar, no hay dirección política en Francia dispuesta y capacitada para dirigir un movimiento verdaderamente radical. Mélenchon es el que más se acerca, pero su partido es nuevo y su base aún es reducida. La izquierda radical se ve maniatada por su sectarismo crónico. Y hay una gran confusión entre la gente que se rebela sin programas ni líderes claros.
Los dirigentes sindicales son bien conscientes de que los empleados pierden un día de salario cada vez que van a la huelga, y lo cierto es que andan siempre inquietos tratando de encontrar modos de terminar una huelga. Los estudiantes son los únicos que no sufren esa limitación. Los sindicalistas y los dirigentes del Partido Socialista no piden nada más drástico que la apertura de negociaciones con el gobierno sobre los detalles de la reforma. Si Sarkozy no fuera tan tozudo, es una concesión que podría hacer el gobierno y que podría devolver la tranquilidad sin cambiar tantísimo.   
Sería necesaria la milagrosa aparición de nuevos dirigentes para llevar adelante el movimiento.
Pero aunque esto sucediera, hay un obstáculo aún más formidable para un cambio básico: la Unión Europea. La UE, edificada sobre los sueños populares de una pacífica y próspera Europa unida, se ha convertido en un mecanismo de control social y económico en nombre del capital y especialmente del capital financiero. Además, está ligada a una poderosa alianza militar, la OTAN.   
Abandonada a sus propios medios, Francia podría experimentar con un sistema económico más socialmente justo. Pero la UE está ahí precisamente para impedir esos experimentos.

Actitudes anglosajonas

El 19 de octubre, el canal de la televisión internacional francesa France 24 programó un debate sobre las huelgas entre cuatro observadores no franceses. Una mujer portuguesa y un hombre de la India parecían tratar de comprender, con moderado éxito, lo que está sucediendo. Por contraposición, los dos anglo-norteamericanos (el corresponsal en París de la revista Time y Stephen Clarke, autor de 1000 Years of Annoying the French) se divirtieron demostrando su autosatisfecha incapacidad para entender el país sobre el que se ganan la vida escribiendo. 
Su rauda y feliz explicación: "Los franceses están siempre de huelga por diversión, porque lo disfrutan". 
Un poco más tarde, el moderador mostró una breve entrevista con un estudiante de instituto que ofrecía comentarios serios sobre la cuestión de las pensiones. ¿Hizo esto vacilar a los anglosajones? 
La respuesta fue instantánea. ¡Qué triste ver a un joven de dieciocho años pensando en las pensiones cuando debería estar pensando en chicas!
De modo que ya sea por divertirse, ya sea en lugar de divertirse, los franceses resultan absurdos para los anglo-norteamericanos acostumbrados a decirle a todo el mundo lo que ha de hacer. 
Diana Johnstone, miembro del Consejo Editorial de SinPermiso, esautora de Fools' Crusade: Yugoslavia, NATO and Western Delusions.
Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

25 de octubre de 2010

EL MAYOR PROBLEMA DEL GOBIERNO SOCIALISTA ESPAÑOL QUE LOS CAMBIOS DE ESTA SEMANA NO RESUELVEN

El gobierno Zapatero continuó las prácticas del gobierno Aznar, reduciendo los impuestos y aumentando su regresividad.

Vicenç Navarro | Kaosenlared.net/Sistema Digital


Las causas políticas de la crisis actual: las políticas económicas y fiscales del gobierno Aznar
Las derechas gobernaron España desde 1996 a 2004, plantando las bases para el desarrollo de la crisis económica y financiera actual. Bajo el mandato económico del Sr. Rato (que más tarde dirigió el Fondo Monetario Internacional), el gobierno Aznar implementó las políticas de reducción del gasto público, incluyendo gasto público social (iniciadas, por cierto, por el Sr. Solbes en 1993). Este gasto financiaba el escasamente desarrollado estado del bienestar, incluidas las transferencias (tales como las pensiones) y los servicios públicos del estado del bienestar (tales como sanidad, educación y servicios sociales, entre otros). Durante su mandato la tasa de crecimiento del gasto público social por habitante fue mucho más baja que la tasa de crecimiento de tal gasto en el promedio de la Unión Europea de los Quince, UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro). De ahí que el déficit del gasto público social de España con el promedio de la UE-15 se disparara. Además de estas políticas de austeridad de gasto público, incluyendo el social, otras políticas llevadas a cabo por el gobierno PP (con el apoyo de la derecha catalana CiU) incluyeron la reducción de los impuestos y el aumento de su regresividad; la desregulación del suelo (que facilito la especulación inmobiliaria); la desregulación financiera (que facilitó el desempeño de las actividades especulativas de la banca y de las cajas); la reducción de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional total (que condujo al enorme crecimiento del endeudamiento de las familias) y otras políticas bien documentadas en mi libro “El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias” (Editorial Anagrama, 2006). Durante su mandato, el partido conservador neoliberal, presidido por el Sr. Aznar, no aprovechó el notable crecimiento de la economía española (mayor que el promedio de la UE-15) para corregir el enorme déficit de gasto público social que España tenía con el promedio de los países de la UE-15. En realidad, cuando el gobierno Aznar terminó su mandato (2004), el déficit de tal gasto per cápita era 2.243 euros estandarizados (euros modificados para hacer comparable su capacidad adquisitiva en países de distinto nivel de vida), mucho mayor que cuando comenzó su mandato en 1996, 1.784. Este dato da una clara imagen de la escasa sensibilidad social de las derechas españolas.

Cómo el liberalismo (en realidad neoliberalismo) se introduce en la cultura política socialista
Ahora bien, el impacto, incluso más negativo que tuvo el gobierno Aznar es que, como antes había ocurrido con otros gobiernos conservador-neoliberales, uno en EEUU (Reagan) y otro en Gran Bretaña (Thatcher), el gobierno Aznar cambió los valores del establishment español (el conjunto de instituciones financieras, económicas, mediáticas y políticas que configuran la sabiduría convencional del país), pasando a dominar la cultura politico-mediática del país. El neoliberalismo pasó a ser la ideología dominante del establishment español. Esta fue su mayor victoria. De manera tal que afectó y transformó incluso al mayor partido de la oposición, el PSOE. El discurso de tal Partido cambió sustancialmente, y ello en parte debido a una visión extendida en el equipo del candidato a las elecciones primarias del 2004, José Luis Rodríguez Zapatero, de que había que “centrarse” y “modernizarse”, lo cual significaba abandonar no sólo muchos de los principios de la socialdemocracia, sino también, incluso, la narrativa de esta tradición política. En la presentación de su candidatura en el año 2004, Zapatero habló en varias ocasiones de las clases medias, pero nunca, ni una vez, de la clase trabajadora (supongo que por temor a parecer “anticuado”). Y su filosofía económica quedó reflejada en el libro del que fue su asesor económico Jordi Sevilla, “De nuevo socialismo”, (Editorial Crítica, 2006), en el que se hacían afirmaciones tales como que el Nuevo Socialismo no debía ni aumentar los impuestos, ni subir el gasto público (ello dicho y hecho en el país que tenía y continúa teniendo una de las cargas fiscales más bajas y el gasto público más bajo de la UE-15). De ahí el slogan que guió la política fiscal del más tarde Presidente Zapatero anunciando que bajar impuestos era ser de izquierdas.
Con esta filosofía, el déficit del gasto público social de España con el promedio de la UE-15 se conseguiría reducir primordialmente a base del crecimiento económico (en lugar de políticas fiscales redistributivas). En realidad, Miguel de Sebastián (procedente del sector bancario), que pasó a sustituir a Jordi Sevilla como el mayor asesor económico del Presidente, fue incluso más allá que Jordi Sevilla negando que fuera un objetivo de la política fiscal de un gobierno socialista redistribuir los recursos en España, limitando la función redistributiva al capítulo de gastos públicos, en lugar del capítulo de ingresos. Es más, añadía Miguel de Sebastián que “el estado, tal como propone el Partido Demócrata estadounidense debe ser un estado dinamizador frente a un estado del bienestar o asegurador”. Conozco bien el Partido Demócrata de EEUU (habiendo vivido en EEUU durante más de cuarenta años), y me preocupó enormemente que esta postura se transformara en la guía económica del gobierno socialista (ver mi capitulo “El modelo del Partido Demócrata como propuesta para las izquierdas españolas: debate con Miguel de Sebastián”, en el libro citado anteriormente El Subdesarrollo Social de España). Pero esta alarma se transformó en una enorme frustración cuando a Miguel de Sebastián le sucedió en la Dirección de la Oficina Económica de la Moncloa David Taguas (también procedente de la banca) que había llegado a favorecer la privatización completa de la Seguridad Social (tal como había hecho el General Pinochet en Chile). Más tarde, Zapatero nombró a otro neoliberal, Miguel Ángel Fernández Ordóñez como Gobernador del Banco de España. Estos nombramientos reflejaban una filosofía muy próxima a la Banca (el poder fáctico más poderoso existente en España), que auguraban malos tiempos para el socialismo español y para España.
Ni que decir tiene que la Nueva Vía (tal como se definió la sensibilidad política dentro del PSOE liderada por Zapatero) no era la única dentro del PSOE. Ya en las primarias, otras sensibilidades existían. Una, era la continuista del aparato de Ferraz, representada por José Bono, con un nacionalismo españolista jacobino que, de ganar, hubiera significado tensiones continuas con los socialismos periféricos (y muy en especial con el socialismo catalán). De ahí su escasísimo apoyo en Cataluña, donde el conservadurismo y nacionalismo españolista, insensible a la pluralidad de España, ha sido siempre muy impopular.
La otra sensibilidad eran las izquierdas que tenían a su vez varias identidades que, pese a la debilidad en el aparato de Ferraz, tenía amplios apoyos en las bases y muy en especial entre los sindicatos y movimientos sociales. Fue determinante para la victoria de Zapatero, pues le prestó su apoyo para parar a José Bono, el candidato más popular en el establishment y en el aparato del partido socialista español, pero menos entre las bases. Zapatero, sin embargo, cuando ganó las primarias y las elecciones, no incorporó a nadie de las izquierdas (excepto Cristina Narbona en el área ambiental), marginándolas en su equipo, lo cual no quiere decir que no influenciara las políticas sociales (la Ley de la Dependencia fue fruto de sus presiones). Pero su influencia en las áreas económicas fue nula. La mayoría del equipo económico, tanto en el Ministerio como en la Oficina Económica en la Moncloa, no eran ni siquiera miembros del PSOE y eran de sensibilidad neoliberal próxima a la Nueva Vía, e incluso más extrema. Solbes, que había iniciado las políticas de austeridad del gasto público social en el periodo 1993-1996 (cuando el gasto público social por habitante descendió incluso en términos absolutos) hizo suyo el objetivo de evitar el aumento del gasto público a través de políticas fiscales redistributivas (en unas declaraciones a El País, indicó que el éxito del cual estaba más orgulloso en su mandato era no haber subido el gasto público (22.07.09), desalentando la aprobación y/o expansión de derechos universales).
Según el credo de la Nueva Vía, el objetivo del socialismo era crear una igualdad de oportunidades para todos, facilitando el potencial que cada persona tiene, asegurándose de que el hijo de un trabajador no cualificado tuviera las mismas posibilidades en la vida que el hijo de un burgués (un objetivo que, al menos en teoría, lo suscriben la mayoría de tradiciones políticas, y no sólo la socialdemocracia). La característica definitoria de la socialdemocracia (socialismo en democracia) para alcanzar este objetivo había sido a través de políticas públicas redistributivas, incluyendo políticas fiscales progresivas. La socialdemocracia en Europa siempre sostuvo que no se puede conseguir la igualdad de oportunidades sin medidas redistributivas muy profundas. Al abandonar este principio, las propuestas del equipo económico se reducían prácticamente a proveer becas a las familias sin recursos, lo cual era necesario pero dramáticamente insuficiente.
Consecuencia de este marco teórico dentro del cual se movieron los equipos económicos del gobierno socialista, el gobierno Zapatero continuó las prácticas del gobierno Aznar, reduciendo los impuestos y aumentando su regresividad. Esta continua reducción de impuestos fue, sin embargo, la razón de que el déficit estructural del Estado aumentara considerablemente. Este déficit no se había detectado debido al elevado crecimiento económico, consecuencia primordialmente de la burbuja inmobiliaria, facilitada por las políticas neoliberales promovidas por el Banco de España cuyo gobernador, el Sr. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, nombrado por Zapatero, no sólo no vio venir (lo que varios economistas de izquierda sí vieron venir) la crisis, sino que con sus políticas estimuló su aparición. El nivel de incompetencia de tal Gobernador ha sido extraordinario, pues ha sido una de las autoridades más responsables de la crisis que España está sufriendo. La famosa frase de que la banca ha mostrado su gran solvencia gracias al Banco de España, no se sostiene en base a los datos. Solvencia no quiere decir que no haya bancos que se colapsen. Solvencia quiere decir que los bancos realizan su función de proveer crédito a empresas y ciudadanos. Y los bancos españoles son los que dificultan más el acceso al crédito en la UE-15. Hoy España está en el ojo del huracán financiero debido en gran parte a las políticas fiscales de los sucesivos gobiernos (Aznar-Zapatero) y monetarias y financieras (del Banco de España y del Banco Central Europeo).

El aumento del gasto público social: 2004-2008
El gobierno socialista durante este periodo cambió significativamente las prioridades presupuestarias, traduciendo una mayor sensibilidad social que la que había proyectado el gobierno conservador neoliberal del presidente Aznar. El gasto público social aumentó significativamente, en parte debido a la presión de las izquierdas, tanto dentro del gobierno (el equipo del Ministro de Trabajo dirigido por Luis Caldera) como fuera (IU, IC-V, ERC, BNG). Pero este crecimiento de gasto público social se basaba, tal como dije anteriormente, en el notable crecimiento del PIB más que en aumento de los impuestos y de su progresividad, siguiendo políticas redistributivas. En realidad se continuó la política fiscal de bajada de impuestos y aumento de su regresividad, que junto con las políticas del mismo signo seguidas por el gobierno Aznar, establecieron las bases para el déficit estructural del Estado español. Cuando el crecimiento económico dejó de existir, el déficit real del estado apareció en toda su intensidad. Es más, la regresividad del sistema fiscal explica que un descenso relativamente menor del PIB (uno de los más bajos de la UE-15) se tradujera en un disparo del déficit tan elevado, y ello como consecuencia de que la mayoría de los ingresos al estado proceden de las rentas sobre el trabajo. De ahí que cuando el empleo baja, se dispara el déficit público. Y ahí está la raíz del problema que el gobierno no se atreve a enfrentar, pues significa cambiar 180º las políticas económicas y fiscales que ha ido haciendo estos años y que las derechas continuarán si gobiernan de nuevo. Se requieren reformas, incluidas las fiscales, muy sustanciales que enfrentarían al gobierno con los poderes fácticos, incluida la banca. Entre estas medidas estaría el convertir las cajas en bancos públicos, tal como ha propuesto ATTAC.
Ni que decir tiene que este cambio de políticas (exigido por la exitosa Huelga General) es poco probable que se haga por el gobierno Zapatero, y ello no porque no existan alternativas (que las hay, y los sindicatos y las izquierdas, tanto dentro como fuera del PSOE, las han señalado con propuestas concretas, específicas y realizables), sino porque requiere un cambio muy sustancial del pensamiento económico del gobierno, rompiendo con la Nueva Vía y con el socioliberalismo. La composición del equipo económico (que hoy llega incluso a alabar a las propias agencias de valoración de bonos oponiéndose al establecimiento de una agencia europea de evaluación de bonos, presentándose como la mejor aliada –junto con el gobierno británico- del capital financiero) hace esta posibilidad imposible. Es el dominio del dogma sobre la razón.
Y ahí está el mayor problema de Zapatero. Su filosofía de Nueva Vía le ha hecho enormemente vulnerable al neoliberalismo promovido por el establishment europeo, aceptándolo como inevitable. De ahí la necesidad de movilizarse –tal como están haciendo los sindicatos- no sólo para hacer cambiar estas políticas que nos están llevando al desastre, sino incluso más importante, para salvar la democracia en España, pues es inaceptable que hoy el gobierno español, haga lo que el gobierno Aznar hizo antes, imponer políticas impopulares utilizando el argumento de la inevitabilidad de las medidas, refiriéndose ahora a las exigencias de los mercados financieros como antes Aznar se refirió a la necesaria integración de España a la Unión Europea y a la Eurozona. La evidencia ha mostrado que España podría haberse integrado en la UE y en la Eurozona de otra manera (subiendo, por ejemplo, los impuestos, en lugar de bajarlos). Hoy, el mayor problema que tiene España es el elevado desempleo y escaso crecimiento, no el elevado déficit. El equipo económico de Zapatero considera este último el objetivo prioritario. No sólo no lo es, sino que el intento de reducirlo intensamente a base de reducir el gasto público está dañando la economía española.

El falso debate sobre el post-zapaterismo
Una última observación: una de las características que me impresionó más desfavorablemente de la cultura política y mediática española cuando volví de mi largo exilio, fue la definición de corrientes y sensibilidades políticas por el nombre de las figuras política a las que se atribuía la capacidad de representarlas. Aparecían, así, expresiones como guerristas, borrellistas, zapateristas, bonistas, y un largo etcétera. Nunca en Suecia, Gran Bretaña o EEUU (países en los que viví), las sensibilidades se han definido en los medios de esta manera, pues conlleva una visión ofensiva al concepto de democracia, que reduce la política a la competitividad entre personajes de la política. Y aun cuando esta competitividad interpersonal puede, como es lógico, existir, tal manera es definir las sensibilidades políticas es profundamente injusta hacia las personas que se identifican con tales sensibilidades, pues se las reduce a seguidores del personaje que define la corriente. Y es también injusto para el propio personaje, pues le da una excesiva responsabilidad que no tiene y espero que no desee.
Esta reflexión viene al caso sobre la discusión del post-zapaterismo, como si el debate se centrara en la figura de Zapatero.- De esta manera se están consumiendo gran cantidad de páginas y horas de tertulia sobre el futuro del Presidente, lo cual es bastante irrelevante. Y digo irrelevante, no como señal de menosprecio a la figura del presidente Zapatero (al cual tengo gran respeto), sino al hecho que al centrarse, de nuevo, en una persona, no se analiza lo que es más importante: la sensibilidad política que el Presidente representa y que está implícita en sus políticas desde sus inicios, y que significa una visión y unos intereses que quedan ignorados en este énfasis personal de la política. Pero no se resolverá la situación económica de España si se cambia una persona o varias personas (como el cambio de gobierno que tomó lugar esta semana) a no ser que se cambien sus políticas. No concuerdo con la crítica que se hace constantemente al Presidente Zapatero de excesiva volatilidad y cambio de políticas. Todo lo contrario, el Presidente, en lo esencial y estructural, ha sido de una enorme coherencia y sus planes respondían al planteamiento de una sensibilidad político-económica bien reflejada en su equipo y que, era la versión española de una sensibilidad existente y dominante en el centro izquierda europeo –el socioliberalismo o Tercera Vía- que nos ha llevado al lugar donde estamos, con el colapso de los partidos socialdemócratas en este continente. Y este socioliberalismo es hoy dominante en el establishment del PSOE. De ahí que los cambios necesarios para salvar al PSOE (y a España) sean mucho mayores de lo que se discuten y prevén. A no ser que el PSOE recupere su compromiso con la universalidad y extensión de derechos sociales, laborales y económicos, alcanzados a base de políticas fiscales redistributivas (que requerirán enfrentamientos con poderes fácticos) que corrijan los enormes déficits sociales que España tiene (el gasto público social por habitante continúa siendo el más bajo de la UE-15) el socialismo español no se recuperará.

Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University