8 de octubre de 2010

SON LA VOZ DE QUIEN LES PAGA: EL GRUPO DE 100 ECONOMISTAS PROPONE UN RECORTE BRUTAL DE LAS PENSIONES

A sueldo de la fundación FEDEA, dependiente de las principales empresas del IBEX, este grupo de "personalidades independientes" vuelven a avalar las políticas neoliberales contra la crisis.

Kaosenlared.net. Laboral y Economía


El grupo de los '100' economistas ha elaborado un documento en el que proponen ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral, frente a la ampliación de 15 a 20 años que se plantea actualmente en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso.
En una rueda de prensa, los impulsores del documento han apostado por avanzar hacia un sistema similar al modelo sueco a largo plazo a través de una serie de reformas inmediatas que pasan también por elevar gradualmente la edad de jubilación a los 67 años y ampliar a 40 años el tiempo necesario para recibir el 100% de la pensión.

Una jubilación flexible
La finalidad sería alcanzar una jubilación que no esté fijada por una edad determinada y que genere una pensión diferente en función de la edad a la que decida jubilarse cada trabajador.
"¿Por qué no se puede recibir la mitad de la pensión a los 60 años y seguir trabajando a tiempo parcial?", ha señalado uno de los firmantes del documento y miembro del IESE, Javier Díaz Jiménez, tras explicar que en otros países como Suecia son los trabajadores los que deciden cuando se jubilan y cómo quieren percibir su pensión.
Los promotores del documento dicen que así se avanzaría hacia un sistema flexible, estable y sostenible y se acabaría con un modelo injusto que, a juicio de estos economistas, hay que reformar de manera urgente.
Subir el IVA al 49,5%
Así, han advertido de que muchas comunidades estarían ya en déficit si no existiera la caja única y han resaltado la importancia de dar "certidumbre y garantías" a los ciudadanos, tal y como ocurre en otros países.
Además, han alertado de que la tasa de dependencia se duplicará de aquí al año 2050, por lo que también lo hará el gasto en pensiones, algo que no podrá solucionarse subiendo impuestos o cotizaciones porque perjudicaría al empleo y al crecimiento, según el director ejecutivo de Fedea, Pablo Vázquez y el miembro de Fedea Sergi Jiménez.
De hecho, el grupo de economistas ha asegurado que para sostener el sistema a través del IVA, habría que subir el impuesto al 49,5% en 2050.
Una estafa
Según el miembro del IESE Javier Díaz Jiménez, uno de los firmantes del documento, el Pacto de Toledo es "la mayor estafa" para el contribuyente español por dejar en manos de los políticos la reforma de las pensiones, y ha añadido que la propuesta que se está negociando dentro de este Pacto sólo mejora la sostenibilidad del sistema a medio plazo.

Lacayos del capital: Los partidos coinciden en alargar el periodo de cálculo de la pensión
Con las pensiones pasa como con la contrarreforma laboral: la abrumadora mayoría del parlamento la vio bien --o en todo caso insuficiente--. Como se vio el 29-S los trabajadores, en cambio, se oponen.
La reforma de las pensiones divide a los grupos políticos. El Gobierno espera ansioso las conclusiones del Pacto de Toledo, iniciativa parlamentaria que promueve los acuerdos de pensiones, para reformarlas, pero el Congreso se lo va a poner difícil. A menos de tres meses para que venza el plazo que el Ejecutivo se ha dado para aprobar su propuesta, la única idea que casi todos aplauden consiste en ampliar el periodo de cálculo de la pensión. Se trata de una medida que acerca más la cuantía de la pensión a lo realmente aportado, lo que supone rebajar la prestación a la mayor parte de beneficiarios del sistema.
Trabajo cree que la falta de consenso "deterioraría la economía"
El PP asegura que nunca apoyará el paso a 67 años en la edad de jubilación
La idea la verbalizó la diputada socialista Isabel López i Chamosa antes de la reunión que mantuvo con el resto de grupos parlamentarios para empezar a articular una propuesta sobre pensiones. "Ese es uno de los consensos más generales que hay porque se haría muy poco a poco y no se perjudicaría excesivamente a nadie", aseguró. López i Chamosa aludía concretamente al planteamiento del Gobierno de elevar ese periodo, ahora fijado en los 15 últimos años cotizados, hasta 20.
Ninguno de los grupos concreta su apoyo a esta medida, aunque implícitamente la mayoría considera apropiado ir adecuando cada vez más la pensión a lo cotizado, como recomienda el Pacto de Toledo. "Además, contar solo 15 años genera muchos problemas a la gente expulsada del mercado laboral al final de su vida activa", reflexionó Carles Campuzano, de CiU, que abogó por "dar una respuesta" a ese problema. El único diputado que se desmarca claramente de ese planteamiento es Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida.
Sin querer dar cifras, la Seguridad Social sostiene que ampliar el cálculo de la pensión a los últimos 20 años cotizados beneficia a los expulsados prematuramente del mercado y no afecta a quienes ya cotizan por el máximo o por el mínimo, pero sí reduce la pensión del resto de trabajadores. El grupo socialista cifra en el 3,6% la rebaja media de la pensión que se produciría si se aplicara esta medida.
A partir de ahí, las discrepancias se acentúan. La congelación de las pensiones decidida por el Gobierno para 2011 ha soliviantado los ánimos del Pacto de Toledo y el acuerdo parece más lejano que nunca. El representante del Partido Popular en ese órgano, Tomás Burgos, pidió ayer la marcha atrás de esa decisión como "condición sine qua non" para pactar cualquier reforma de pensiones. El Ejecutivo ha dado a entender que acometerá su proyecto con o sin respaldo parlamentario, pero también busca neutralizar el mal sabor de boca que ha dejado una reforma laboral impuesta, especialmente a los sindicatos, que tampoco ven con buenos ojos los postulados sobre pensiones.
Así que el Ministerio de Trabajo cree, pero sobre todo espera, que finalmente salga un acuerdo del Pacto de Toledo. En caso contrario, se incurriría en una "gravísima irresponsabilidad que deterioraría la economía de forma incomprensible". "Sería como tirar piedras contra nuestro propio tejado", advirtió ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. El número dos de Trabajo defendió el Pacto de Toledo como lo mejor que le ha pasado al sistema público de pensiones de España en los últimos 15 años.
Granado defendió la reforma cuanto antes, y que sea lo menos agresiva posible: "Cuanto antes empecemos, más suave será. Debemos intentar repartirla en el mayor número de años, sabiendo que el horizonte de los problemas está en 2030".
El principal escollo reside en la ampliación de la edad legal de jubilación hasta 67 años que pretende el Gobierno. "Nunca vamos a apoyar una medida que tiene como objetivo que los pensionistas pierdan entre un 15% y un 20% en su prestación", sentenció el diputado del PP. Más abierto se mostró Carles Campuzano, de CiU, aunque lo más probable es que el grupo socialista no consiga una mayoría suficiente para sacar adelante este punto en el Pacto de Toledo.
Los portavoces parlamentarios volverán a negociar hoy, con pocas probabilidades de lograr un documento cerrado para principios de noviembre, como preveía el Gobierno.
Los puntos en discusión
- Cuantía de la pensión. Los últimos 15 años de vida laboral determinan la cuantía de la pensión. Lo cotizado en los años anteriores no importa para calcular los ingresos del jubilado. El Ejecutivo quiere ampliar este periodo a 20 años (en un documento enviado a Bruselas habló de 25, aunque finalmente lo retiró). De salir adelante la propuesta, será la tercera vez en 25 años que se amplíe este periodo. En 1985 se elevó de dos años a ocho. Y en 1997 se aumentó hasta 15 de forma gradual, en un proceso que duró hasta 2003.
- Fórmula de cálculo. Para calcular la prestación, se toman los últimos 15 años en dos partes. Por un lado, las bases de cotización de los últimos 24 meses (la máxima es de 3.198 euros al mes) se consideran íntegras. El resto se actualizan con el IPC de ese periodo. La suma de las bases de los 15 años (180 meses) se divide entre 210 (el resultado de sumarle a esos 180 meses otros dos cada año por las pagas extra). Ese cociente integra la base reguladora de la pensión.
- Años cotizados. La paga final varía según los años cotizados. Así, un trabajador con 35 años acreditados percibe el 100% de esa base reguladora. El porcentaje va bajando hasta un 50% si se han cotizado 15 años, el mínimo exigible para acceder al sistema. El Ejecutivo no descarta aumentar el número de años necesarios para acceder al 100% de la pensión. Lo que no parece estar en discusión es el número mínimo de años para cobrar la prestación contributiva.
- Edad de retiro. El punto más polémico sobre la mesa del Pacto de Toledo es el retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años.
El ministro de Trabajo no ha descartado negociar este punto a cambio de aumentar el número de años para acceder al 100% de la pensión.

www.kaosenlared.net/noticia/son-voz-quien-les-paga-grupo-100-economistas-propone-recorte-brutal-pe

6 de octubre de 2010

UGT Y CCOO HARÁN NUEVAS MOVILIZACIONES PARA SEGUIR PRESIONANDO AL GOBIERNO

Público/EFE. Madrid 06/10/2010 11:44

 

 

 

 

 

 

 

 

Toni Ferrer, Secretario de Acción Sindical de UGT. EFE/ArchivoEFE


UGT y CCOO convocarán nuevas movilizaciones para mantener la presión contra el Gobierno y exigir que rectifique sus políticas económicas de ajuste y la reforma laboral, al tiempo que elaborarán un documento conjunto donde plantearán de forma "clara" que hay otra "política alternativa".
En declaraciones a la prensa, antes de participar en el Consejo Confederal de UGT, el secretario de Acción Sindical del sindicato, Toni Ferrer, explicó que el documento estará listo este mes y en él analizarán la situación después de la huelga general del 29 de septiembre.
Añadió que hoy se marcarán las pautas a seguir por los sindicatos durante los próximos meses, en los que mantendrán la presión contra el Gobierno vía movilizaciones que concretarán más adelante.
Ferrer insistió en que la reforma laboral es "lesiva" y criticó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por decir que está dispuesto a negociar con los sindicatos el reglamento de la reforma.
"Los reglamentos no pueden cambiar las leyes", aseveró el sindicalistas, que lamentó que el Ejecutivo lo presente como un "ámbito de negociación" cuando tiene la obligación de consultar a los sindicatos.
Insistió en que se deben restablecer los derechos que ha recortado del Ejecutivo y dijo que la rectificación no depende de la llegada de un nuevo ministro de Trabajo.
Por otra parte, Ferrer reiteró la petición de que la CEOE se siente a abordar la negociación colectiva y aseguró que, debido a los efectos de la reforma laboral, ahora la patronal "no se mueve y se limita a que pase el tiempo para que así el Gobierno tenga que imponer de nuevo su criterio".
En ese sentido, aseguró que han denunciado ante Trabajo que la patronal "se está demorando para conseguir réditos".
En cuanto al adelanto de elecciones a la presidencia de la CEOE, Ferrer aseguró respetar las decisiones que afectan a temas internos de las organizaciones.
No obstante, consideró que la actual situación de la CEOE es "negativa para el diálogo" con los sindicatos porque su actuación es más la de un "lobby" que la de un "interlocutor".

POR QUÉ LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO ZAPATERO DEBEN CAMBIAR


Vicenç Navarro | Sistema Digital


Digan lo que digan los medios, lo que ocurrió el 29 de septiembre mostró que la convocatoria de huelga general de los sindicatos mayoritarios del país, CCOO y UGT, fue exitosa en la mayoría de centros urbanos de España. El consumo de electricidad de las horas punta del día 29 descendió casi al nivel de un día de vacaciones, mostrando que la actividad laboral se había interrumpido significadamente en el periodo laboral. Este éxito debiera hacer reflexionar al gobierno socialista español y a sus defensores en los medios. No dudo de que la mayoría de dirigentes del gobierno socialista creen sinceramente que las medidas tomadas por el gobierno (que no pueden negar representan un recorte sustancial de los derechos de los trabajadores y una reducción de la ya escasa financiación del estado del bienestar) son necesarias para calmar a los mercados financieros (frase repetida mil veces) y, como decía Carlos Solchaga, el ex Ministro de Economía del gobierno Felipe González, “atraer así inversión extranjera que servirá para impulsar la obra pública y, por lo tanto, crear empleo” (El País. 29.09.10). Esta visión ha alcanzado una categoría de dogma, no sólo entre los dirigentes del gobierno (y medios de difusión afines a ellos), sino también entre la derecha española, tanto en su versión española (PP), como en la periférica catalana (CIU) y vasca (PNV). Se tiene que hacer una distinción, sin embargo, entre el dogma sostenido por las derechas y el sostenido por los defensores del gobierno socialista. Las primeras han asumido siempre que lo que beneficia al mundo empresarial y a la banca beneficia automáticamente al país, identificando los intereses de los primeros con los intereses de los segundos. Este supuesto se hace a pesar de la enorme evidencia de que ello no es así (la crisis actual la ha creado la banca con la complicidad del mundo empresarial). No obstante, repiten machaconamente aquel argumento promoviendo una versión de la realidad que favorece los intereses de clase que siempre han representado. La evidencia de ello es abrumadora. Una mayor consecuencia de sus políticas ha sido la polarización de las rentas en el país.
Pero gran parte de los dirigentes del gobierno socialista y sus defensores apoyan estas políticas porque creen sinceramente que no hay alternativas a las que el gobierno está haciendo. Pero en este dogma (término que utilizo sin deseo insultante, sino con el intento de remarcar que se basa más en fe que en evidencia) hay tesis y supuestos que son sujetos a la comprobación empírica. Es decir, que pueden ser falsificables por la evidencia existente. Como bien decía John K. Galbraith (uno de los economistas más agudos que haya existido en EEUU) la sabiduría convencional económica suele estar equivocada. Y la crisis actual así lo ha mostrado. Es irracional que se continúe dando tanto protagonismo a tal sabiduría convencional cuando su fracaso en interpretar la realidad económica ha sido tan acentuado.

Veamos los datos. Y sería de desear que los que están defendiendo tales políticas de austeridad aportaran datos que muestren que los que yo presento son erróneos. En realidad, un indicador claro de que las propuestas que se hacen son de carácter ideológico en lugar de científico es que nunca (repito, nunca) responden a las críticas, lo cual se debe, en parte, a una cultura autoritaria heredada de la dictadura, con escasa capacidad y/o motivación de debate (acentuado por el problema de que deliberadamente los medios de mayor difusión censuran y marginan a las voces críticas de la sabiduría convencional que reproducen) y en parte a que no tienen argumentos, hecho que enmascaran y ocultan con la arrogancia de que no es bueno para mantener su autoridad rebajarse a responder a las críticas. Leído todo esto, vamos a los datos (a los que no responderán)

¿QUÉ EVIDENCIA EXISTE DE QUE LA AUSTERIDAD ES BUENA PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA?

Toda la evidencia científica que existe para sostener tal tesis ha sido resumida en el trabajo de los profesores de economía Alberto Alesina y Silvia Ardagna, de la Universidad de Harvard, titulado “Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus spending”.
Tax Policy and the Economy 2009. En este artículo, los autores muestran que en gran número de países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) las reducciones de los déficits han ido seguidas de etapas de gran crecimiento económico. Concluyen con estos resultados que las políticas de consolidación fiscal incrementan la confianza de los inversores y de los consumidores, generándose así el estímulo económico que genera mayor crecimiento económico. De ahí el énfasis en reducir el déficit a base de reducir el gasto público.

Este trabajo, sin embargo, ha sido ampliamente cuestionado. Así, Arjun Jayadev, del Massachussets Institute of Technology (M.I.T.), y Mike Konczal, del Roosevelt Institute, han señalado en su artículo “The Boom, not the Slump: The right time for Austerity”, (Roosevelt Institute, 2010) que en todos los países que Alesina y Ardagna analizan, las inversiones y el incremento del consumo precedieron a la reducción del déficit y no al revés, tal como aquellos autores habían señalado. El crecimiento económico fue la causa principal de que se generara la confianza entre inversores y consumidores, lo cual es lógico, pues las empresas no invertirán para aumentar la producción a no ser que haya un aumento de la demanda de sus productos. Es más, era el crecimiento económico el responsable de la reducción del déficit del estado, no al revés. En realidad, Arjun y Konczal concluyen que no hay ni un país en recesión que haya salido de ella a base de políticas de austeridad de gasto público. Tal estudio viene a confirmar una larga lista de trabajos, citados por el profesor Robert Pollin, del Political Economy Research Institute de la Universidad de Massachussets (“Austerity is not a solution: Why the Déficit Hawks are wrong”. PERI, 2010) que concluyen que las medidas de austeridad son erróneas. En todos ellos, la condición sine qua non para la recuperación económica era la existencia de un estímulo económico tendente a incrementar el gasto público y la creación de empleo. En realidad, nada menos que el Banco de Inglaterra ha indicado que existe un gran escepticismo en el mundo de los negocios de que las economías se recuperen, expresando gran nerviosismo, consecuencia de que los gobiernos estén siguiendo políticas de austeridad de gasto público que dificultarán tal recuperación. En una encuesta realizada por el Banco de Inglaterra, entre los inversores y compradores de deuda, (citada en el Financial Times del 18/08/10) se concluía que “muchos inversores relacionan la pérdida de confianza en la recuperación económica a los recortes en gasto público, lo cual interpretan causa una disminución de la demanda en aquellos sectores especialmente afectados por tales recortes, así como por la disminución de empleo público que reduce el consumo de las familias”.

LA RECUPERACIÓN ALEMANA NO SE BASA EN POLÍTICAS DE AUSTERIDAD

La tesis de que las políticas de austeridad son necesarias para la recuperación económica se basa también en otro supuesto que se puede mostrar que es profundamente erróneo. Se asume que el estímulo de la economía española va a venir principalmente del exterior, a través del crecimiento de las exportaciones. De ahí que se considere que la bajada de los salarios y la reducción del gasto público aumentarán la competitividad de las empresas españolas, aumentando así las exportaciones y facilitando la salida de la crisis. En este argumento se toma la economía alemana como el punto de referencia, asumiendo erróneamente que la recuperación de aquella economía se debe a las políticas de austeridad, olvidándose que la mayor causa de que aquella economía haya crecido ha sido, precisamente, un crecimiento muy notable de su gasto público y del gasto público de los países que le han comprado sus productos.

Veamos los datos. Y uno de los más importantes es que Alemania ha tenido uno de los mayores crecimientos del déficit público estatal entre los países de la Eurozona. En 2008, las cuentas del estado no mostraban un déficit, sino un superávit (0,2% del PIB). En 2010, se había convertido en un déficit de 5,4% del PIB. Ni Francia ni Italia vieron aumentado su déficit de una manera tan notable. Pero, tan importante como el incremento del déficit fue el origen de este déficit, que fue consecuencia del aumento muy notable del gasto público, principalmente en subsidios a las empresas para que retuvieran a sus trabajadores (en una medida que merecería se aplicara a España, pues explica, en parte, su relativamente bajo desempleo), así como a las industrias exportadoras. Estos subsidios, además de la devaluación del euro facilitaron las exportaciones, las cuales han sido el motor de la economía alemana.

El modelo alemán basado en las exportaciones se enraiza en unos salarios bajos en relación a la productividad laboral existente. En realidad, la demanda doméstica ha bajado un 1,4% en lo que va de año. Las exportaciones, sin embargo, han crecido un 18%, mucho más que las importaciones (que han subido sólo un 2%). El objetivo del establishment financiero alemán ha sido crear grandes plusvalías, con la consiguiente acumulación de divisas (euros), resultado de que las dos terceras partes de las exportaciones van a los países de la Eurozona. Esta concentración de euros la ha utilizado la banca alemana para prestar a los bancos (incluyendo a los españoles) y a los estados, de los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España), comprando deuda pública. Pero al estallar la crisis (consecuencia de la contaminación de la banca alemana por parte de los productos tóxicos de la banca estadounidense), la banca alemana tuvo un pánico enorme de no recuperar el dinero prestado. De ahí la imposición de políticas de austeridad a los PIGS para que le pagasen las deudas. Por otra parte, en Alemania, el estímulo para el crecimiento de las exportaciones procedió del Este Asiático, de China y de EEUU (países que han tenido grandes estímulos económicos).

Pero, el mayor problema para Alemania es que el crecimiento económico no se está distribuyendo internamente aumentando el consumo doméstico para que éste contribuya a la recuperación económica. El éxito del modelo alemán se basa en un estancamiento de los salarios durante los últimos diez años. El crecimiento de la productividad durante este periodo no ha repercutido en una mejora de los salarios. Y ahí está el problema. El porcentaje de población empleada con salarios por debajo del salario medio ha aumentado enormemente. Es más, el relativamente bajo desempleo (7,6%) oculta el gran crecimiento de trabajos a tiempo parcial y precarios. En realidad, según las cifras de la Oficina de Estadística del gobierno federal alemán, el porcentaje de desempleados aumentaría a un 20% si se incorporaran como desempleadas aquellas personas que desearían trabajar pero que han abandonado la búsqueda de trabajo como consecuencia de no encontrarlo. En España, si tales personas se incluyeran en el cálculo del desempleo, este alcanzaría el 32% de la población activa. Estos datos comienzan a dar las pistas sobre que el mayor problema no es, como constantemente se indica, la globalización de los mercados (incluidos los financieros), sino las relaciones de poder en la relación capital-trabajo dentro de cada país. Ni que decir tiene que la globalización de los mercados, incluidos los financieros, juegan un papel muy importante en configurar el marco de este conflicto. Pero el conflicto es a nivel estatal, como mostraré cuando veamos el caso español. Pero antes quisiera responder con datos otro argumento. El que los estímulos del Presidente Obama en EEUU han fracasado.

¿HA FRACASADO EL ESTÍMULO ECONÓMICO DEL PRESIDENTE OBAMA?

Y por último, otro argumento que se utiliza por parte de los neoliberales, tanto en EEUU como en España para mostrar el error de incrementar el gasto público como medida de estímulo de la economía es el supuesto fracaso del estímulo del gobierno Obama en crear empleo en EEUU. En esta argumentación se ignoran varios hechos. Uno es que el 24% del total de la cantidad de gasto público utilizado para estimular la economía (787.000 millones de dólares) eran recortes de impuestos que, como bien se sabe, tiene un impacto menor en crear empleo, pues los fondos del recorte de impuestos favorecen, en general, a las rentas superiores (que son las que pagan más impuestos), las cuales ahorran más que gastan estos fondos, perdiendo capacidad estimulante del consumo. Otro 22% de los 787.000 millones de dólares proveídos por el estado federal se gastaron por los estados y ayuntamientos para mantener a los empleados públicos en los servicios del estado del bienestar que habrían sido despedidos y serían desempleados si las autoridades públicas estatales (el estado es la unidad política en EEUU comparable a las CCAA en España) y locales no hubieran tenido tales fondos (proveídos por el gobierno federal), pues sus propios ingresos descendieron mucho, resultado de la crisis económica.

Los gastos en crear nuevos empleos fueron, por lo tanto, menos de la mitad de los 787.000 millones de dólares. Pero éstos sí que crearon nuevos puestos de trabajo, sobre todo en nuevas áreas de inversión (como energías verdes) y servicios del estado del bienestar (como sanidad, educación y servicios sociales), entre otras. Según los datos de la oficina del presupuesto del Congreso de EEUU (The Congressional Budget Office) -respetada y considerada por los dos partidos, el Demócrata y el Republicano, como una Agencia de gran competencia y objetividad- ha indicado que tales fondos crearon 3.3 millones de nuevos puestos de trabajo sólo en el primer año del estímulo, habiendo sido responsable de que el crecimiento del PIB hubiera sido un 4,5% en el segundo cuarto del año, habiéndose convertido en el motor de la economía, responsable de la salida de la recesión. El hecho de que el desempleo sea todavía muy alto (para los estándares de EEUU) se debe a que la destrucción de empleo fue enorme, como resultado de las pérdidas de 13.000.000 millones de dólares, consecuencia de la explosión de la burbuja inmobiliaria que creó el enorme bajón de la demanda. 787.000 millones no pueden equilibrar los 13.000.000 millones que se destruyeron. El problema, pues, no es tanto que el estímulo fuera excesivo, sino que era limitado. El asesor económico del Presidente Obama, Larry Summers, así lo ha indicado, subrayando que se necesitarían al menos 200.000 millones de dólares más, en inversión para crear nueva ocupación.

¿POR QUÉ EL DÉFICIT DEL ESTADO ESPAÑOL ES TAN GRANDE Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO ES TAN LENTO?

El déficit del estado español es de los más elevados de la Unión Europea, mientras que el crecimiento económico es de los más lentos, hecho que, por cierto, caracteriza a los países referidos en la terminología anglosajona como los PIGS (Portugal, Grecia, Irlanda y España). ¿Por qué? Veamos qué tienen estos países en común. Todos ellos, resultado de haber estado gobernados por regimenes dictatoriales de ultraderecha (España y Portugal) y gobiernos autoritarios de derecha muy acentuada (Grecia e Irlanda), tienen estados muy débiles, con escasa capacidad recaudatoria y con muy limitada voluntad y habilidad redistributiva. Es cierto que durante la época democrática en todos estos países tal capacidad mejoró, sobre todo en periodos de gobiernos socialdemócratas. Pero el retraso era tal que todavía persisten aquellas características del estado treinta años después de democracia. España (junto con Grecia, Portugal e Irlanda) son los países con mayores desigualdades de renta en la UE-15.

Contribuyó a esta situación la manera como se hizo la integración de España y de los otros países PIG en el euro. La necesaria reducción del déficit del estado para alcanzar el criterio de Maastricht se alcanzó a base de reducir el gasto público (incluyendo el gasto público social) por habitante. Esta reducción tuvo lugar en términos absolutos, durante el periodo 1993-1995. Y más tarde, en la época PP (1996-2004) en términos relativos; es decir, el gasto público social en España creció mucho más lentamente que en el resto de la UE-15, ya que el gobierno PSOE primero y el gobierno PP después, consideraron como tema prioritario la disminución del déficit del estado, incluso a costa de aumentar el déficit social de España con el resto de la UE-15. Y lo mismo está ocurriendo ahora con el gobierno Zapatero.

Había otra alternativa para bajar el déficit, tanto entonces como ahora, que era subir los impuestos, corrigiendo el enorme déficit de ingresos al Estado español. Esto no se hizo entonces, y hasta hace poco no se ha hecho ahora. Antes al contrario. La sensibilidad Nueva Vía dentro del socialismo español (la versión española de la Tercera Vía) que lideró el candidato Zapatero en las primarias del PSOE en 2004, consideraba que bajar los impuestos era ser de izquierdas. Y los bajó, uno tras otro. Y ahí está la raíz del déficit actual. Incluso Angel Laborda, el Presidente de la Fundación de las Cajas de Ahorro, lo reconocía en un reciente artículo “El déficit público, un problema estructural” en El País (26.09.10). Y la otra razón (también reconocida por tal autor) de que el déficit haya subido tanto con la crisis (que contrasta con el hecho de que el descenso del PIB no ha sido tan acentuado como para crear tal déficit) se debe a la regresividad fiscal. Es decir, las cuentas del estado dependen excesivamente de las rentas del trabajo, y muy en especial de los salarios, y muy poco de las rentas del capital y de rentas no ligadas al salario. De ahí que cuando se destruye trabajo y empleo, el estado se resiente inmediatamente. Estas son las consecuencias de las políticas fiscales de la Nueva Vía (sostenidas también por los partidos conservadores y neoliberales de la oposición, CIU y PNV). Estas políticas no eran inevitables. Se podían haber hecho otras distintas, corrigiendo la escasa capacidad adquisitiva del estado y su progresividad. Pero se escogió no hacerlo. Subir impuestos y su progresividad fiscal fue considerado ser socialdemócrata tradicional, lo cual era la expresión amable de decir “anticuado”. Ser moderno era ser liberal (que quiere decir neoliberal). Es incluso sorprendente que en un momento como el actual, el gobierno se resista a tomar las medidas fiscales necesarias para corregir el déficit social a base de aumentar los ingresos al estado mediante reformas fiscales progresivas (ausentes en el Presupuesto del Estado aprobado hace unos días). Técnicos del Ministerio de Hacienda han calculado que podrían haberse obtenido fácil y rápidamente 38.000 millones de euros corrigiendo algunas de las inequidades más palpables en las políticas fiscales del Estado español.

Por otra parte, el problema del endeudamiento de las familias se debe, precisamente al crecimiento de las desigualdades y consiguiente empobrecimiento de la mayoría de la población trabajadora, hecho al cual contribuyeron las políticas fiscales regresivas. La disminución de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional ha sido la mayor causa del enorme endeudamiento, endeudamiento que ha sido rentable para la banca y para las cajas. Pero éstas a su vez necesitaron dinero que les prestaron las bancas alemanas, francesas y holandesas, que al colapsar su confianza (debido a estar intoxicadas por los productos contaminantes, importados de la banca estadounidense) crearon el enorme problema de falta de crédito. La presión para que el gobierno Zapatero lleve a cabo las políticas de austeridad que se exigen a los países PIGS es que la sociedad y el estado de España y aquellos países paguen las deudas a aquellos bancos alemanes, franceses y holandeses. Por cierto, Irlanda, el país que ha seguido primero y a pies juntillas las recetas del FMI y de la UE está en una crisis enorme como resultado de tales recetas.

EL COLAPSO DE ESTAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SUS CONSECUENCIAS ELECTORALES

Es un error creer que Zapatero puede vencer las próximas elecciones con estas políticas. El fracaso de la Tercera Vía es un indicador de ello. Así, en Gran Bretaña, los gobiernos Blair y Brown, pertenecientes a la Tercera Vía (la máxima expresión del socioliberalismo), perdieron popularidad rápidamente. El triunfo de la Tercera Vía fue en 1997, cuando el Partido New Labour ganó las elecciones por primera vez. El Partido Laborista consiguió el 43% del voto popular (es decir, de la población que votó), que era el 33% del total del electorado (es decir, de la población que podía votar). Su victoria se debió (tal como documentaron las encuestas a pie de urna) al enorme rechazo hacia las políticas neoliberales del partido conservador, imbuido de thatcherismo. Pero a partir de aquel año, el descenso del partido Laborista (convertido en New Labour) fue espectacular. En el año 2001 ganó sólo el 25% del total del electorado, y en el año 2005 descendió todavía más, al 22%. Este gran descenso no se reflejó en un descenso notable de su presencia en el Parlamento debido al sesgo electoral británico a favor del sistema bipartidista. Así, en 1997, el Partido Laborista, con el 33% del total del electorado, consiguió nada menos que el 64% de todos los escaños en el Parlamento Británico. En el año 2001, el Partido Laborista perdió sólo 5 escaños (pasó de 418 a 413, pasando del 64% al 62% de todos los escaños) y ello a pesar del gran descalabro electoral (que pasó del 33% al 25% del total del electorado). Y en 2005, cuando el voto del total del electorado bajó incluso más, al 22%, perdió escaños pero en número mucho menor de lo que hubiera ocurrido en un sistema proporcional. En realidad, continuó manteniendo la mayoría de escaños (el 55%).

Cito estos datos porque cuestionan la visión generalizada e interesada de definir la Tercera Vía como exitosa por su permanencia en el poder. Ello no se debió a su popularidad (que descendió enormemente), sino a un sistema electoral extremadamente sesgado, favorable al bipartidismo, y a la enorme crisis del Partido Conservador. Las políticas de la Tercera Vía fueron profundamente impopulares y muy en especial, entre sus bases electorales (las clases populares), como documento en mi artículo “El Fracaso del Nuevo Laborismo y del Socioliberalismo”, Sistema Digital (21.05.10), también expuesto en mi blog (www.vnavarro.org). En realidad, tales políticas crearon una enorme movilización y desmoralización entre los miembros del Partido Laborista, habiendo perdido casi la mitad de sus miembros durante su mandato. Una situación semejante ocurrió en Alemania, donde las políticas de Schroeder llevaron a un enorme descalabro del partido socialdemócrata.

Seguir estas políticas quiere decir el descalabro electoral del PSOE. La abstención entre las bases electorales es la mayor consecuencia de estas políticas, y están llevando a un descalabro semejante en España. Las encuestas así lo muestran. La única solución es un cambio muy marcado de tales políticas. La Huelga General podría tener esta consecuencia, pues la pervivencia del partido socialista en el poder está claramente relacionada con el cambio de tales políticas. La alternativa, de no hacerse tales cambios, sería el debilitamiento, por un largo periodo, de la socialdemocracia en España y la victoria de las derechas por muchos años. Si así ocurre, y deseo naturalmente que no sea así, la culpa no la tendrán los sindicatos y su exitosa huelga general, sino la falta de respuesta del gobierno a esta protesta.


30 de septiembre de 2010
Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

5 de octubre de 2010

COMUNICADO DE CGT: Y DESPUÉS DEL 29-S, ¿QUÉ?

El pasado día 29 una parte importantísima de la clase trabajadora del estado español secundamos la Huelga General. Y lo hicimos con el decidido espíritu de derogar las actuales medidas y leyes antisociales impuestas por el gobierno del PSOE.


 
SPCC-CGT
mardi 5 octobre 2010


Estemos o no de acuerdo con los índices de seguimiento publicados hasta ahora, lo cierto es que la Huelga General fue secundada por un número de trabajadoras y trabajadores más alto de lo esperado.
Sin duda alguna, el trabajo realizado para la preparación de la Huelga y el seguimiento que ha tenido la misma representan un éxito para el conjunto de las clases populares.
No obstante, a lo que no estamos dispuestas la mayoría de las personas que secundamos esta jornada de Huelga es a que a nuestro esfuerzo militante contra esta Reforma Laboral y el Plan de Ajuste Económico, sea manipulado y traicionado en nuevas mesas de negociación que desarrollen la normas de estasmedidas tan lesivas para todas y todos nosotros.
No podemos consentir que, al mismo tiempo que se sale a la calle para derogar las leyes, en paralelo, a espaldas de las y los trabajadores y por la vía de los hechos consumados, las organizaciones UGT-CCOO se sienten a negociar cómo se va a aplicar las reformas en el marco de las medidas impuestas.
Todos estamos viendo cómo, desde la puesta en marcha del Plan de Ajuste y la Reforma Laboral lo único que estas medidas y leyes han generado es más paro, como lo indican los datos que nos proporciona el mismo gobierno el cual ha repetido hasta la saciedad que se creará empleo con esta reforma, y la eliminación y privatización de cada vez más servicios públicos.
Por todo ello, y siendo coherentes con lo que venimos diciendo y haciendo desde hace ya dos años, la Confederación General del Trabajo hace un llamamiento al conjunto de las organizaciones sociales y sindicales del estado español para continuar con las movilizaciones con el fin de eliminar la Reforma Laboral y el Plan de Ajuste Económico.
Así las cosas, nos vemos en la necesidad como clase trabajadora de tomar de nuevo las calles, aprovechando el impulso de la Huelga General, y continuar con la movilización sostenida en el tiempo hasta que veamos realizado el objetivo por el cual la CGT y el resto de organizaciones sociales y sindicales convocamos esta Huelga General.

Secretariado Permanente del Comité Confederal - CGT
 

ACTO PRÓXIMO VIERNES 8 DE OCTUBRE A LAS 19:30 HORAS: EL MOVIMIENTO INDÍGENA EN AMÉRICA LATINA




















Los días 7 y 8 de octubre estará en Barcelona y Madrid Hugo Blanco, histórico dirigente indígena campesino y guerrillero peruano. Nacido en 1935 en Cuzco, Hugo Blanco ha sido uno de los dirigentes campesinos indígenas más relevantes de Perú y una de las figuras emblemáticas de la izquierda latinoamericana.
A finales de los años cincuenta se afilió al Sindicato de Campesinos de Chaupimayo y fue l principal dirigente del levantamiento campesino durante la presidencia de Fernando Belaúnde en Perú en 1963.
A comienzos de los años sesenta, como reacció na la represión, el movimiento campesino fundó la columna guerrillera Brigada Remigio Huamán que fue desarticulada en 1963. Blanco fue capturado y tres años después fue condenado a 25 años de cárcel. Gracias a una importante campaña de solidaridad internacional evitó la pena de muerte.
En 1970 el gobierno le concedió la libertatd y el año siguiente fue deportado. En 1975 retornó a Perú donde participó en las fuertes protestas contra el gobierno militar de Francisco Morales, siendo deportado de nuevo.
En el año 1978, de regreso a Perú, fue elegido miembro de la Asamblea Constituyente que aprobaría una nurva constitución que puso fin a la dictadura militar. Durante la década de los años ochenta resultó elegido diputado varias veces como integrante de una amplia coalición de izquierdas.
En el año 2002 le fue diagnosticado un tumor cerebral, causado según los médicos por el impacto acumulado de los golpes de porra en la cabeza sufridos a lo largo de su vida, y gracias a una campaña de solidaridad internacional pudo financiarse la operación que le extrajo el tumor.
En las últimas décadas ha estado vinculado a las luchas de los campesinos de la región de Cuzco y de los cocaleros.
En la actualidad es el director de la revista Lucha Indígena.

4 de octubre de 2010

ANTONIO GUTÍERREZ PREVÉ MÁS HUELGAS GENERALES


Según el ex secretario general de CCOO la reforma laboral es "reiterativa" en la precariedad y, por lo tanto, "sólo queda ser reincidentes en la huelga".

España | Elena Nieto-TerceraInformacion | 04-10-2010

Antonio Gutierrez, diputado del PSOE y presidente de la Comisión de Economía del Congreso fue el único diputado del grupo socialista que se abstuvo en la votación de la reforma laboral. Esta discrepencia en la reforma laboral llegó a suponer que presentase su dimisión que no fue aceptada.
Según ha recogido la agencia Efe durante la participación del ex dirigente de CCOO en un debate sobre huelgas generales, mostró su convencimiento de que la huelga, que apoyó, dará resultados como han dado todas.
Para Gutierrez decir que la reforma laboral ha venido impuesta desde Europa es "una fácil excusa" para eludir responsabilidades nacionales y sugirió que detrás de la nueva ley están los despachos de abogados de las empresas que "se van a poner las botas" asesorando a los pequeños empresarios para que despidan más barato.
Denuncia que estas alusiones a Bruselas son "excusas" con las que se pretende llevar a la ciudadanía "a la impotencia" haciéndola pensar que los poderes que tiene que combatir están tan lejos que no tiene sentido ir a la huelga. "Hay que rechazar ese tipo de argumentos", aseveró.

REFLEXIONES DE UN JURISTA SOBRE EL DERECHO A LA HUELGA. DISCURSO DE MIQUEL FALGUERA EN EL ACTO DEL PARANINFO DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Miquel Falguera · · · · ·





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Permítanme que en este importante acto haga reflexiones de un simple jurista. Y permítanme también que recuerde que los juristas no hablamos de dinero, sino de derechos. Que nuestra razón de ser no pasa por el incremento de las riquezas, sino por el avance de la civilidad. Tengo la impresión de que vivimos en unos tiempos tan inciertos en los que es necesario recordar obviedades como, por ejemplo, recuperar el sentido de las palabras. Así, habrá que recordar que, contra lo que se nos quiere hacer creer, la democracia no es sinónimo sólo de libertad, sino algo más. Huelga decir que no existe democracia sin libertad, pero la democracia es también igualdad. Y la democracia es también la fraternidad, esto es, el derecho de todos los hombres y todas las mujeres a desarrollarse como personas, a partir del reconocimiento social de unos mínimos de subsistencia. O, como afirmaban los padres constituyentes norteamericanos, el “derecho a la felicidad”. Nadie puede ser libre si carece de la posibilidad de desarrollar todas sus potencialidades como ser humano. De ahí que Aristóteles caracterizara la democracia como “el gobierno de los hombres pobres libres”, a diferencia de la oligarquía ─“el gobierno de los hombres ricos libres”─.
De estos conceptos surgieron las ideas centrales de la Ilustración, de la que somos hijos. Y habrá que recordar también, porque a menudo se olvida, que los actuales marcos constitucionales no surgieron de la nada, sino que son fruto del inmenso esfuerzo de las personas pobres ─más o menos libres─ durante dos siglos. Que son la consecuencia de la lucha, de la sangre y el sufrimiento, de la pobreza laboriosa. Después de que dos generaciones de trabajadores europeos y norteamericanos dejaran sus vidas en los campos de batalla en dos guerras mundiales se logró un pacto social trascendental que implicó unas nuevas normas en el reparto del pastel de la riqueza (que bien es cierto que obviaba la realidad de los países menos desarrollados), recuperando un modelo social que ya había sido mínimamente diseñado por las constituciones de Weimar y Querétaro.
No obstante, hace un cuarto de siglo ─a raíz de la aparición de lo que se conoce como neoliberalismo, las condiciones contractuales han cambiado y se han pervertido los valores constitucionales. A pesar de que nadie lo diga, ocurre que los textos de nuestras cartas magnas se han quedado en papel mojado, en meras declaraciones sin contenido. A lo largo de estos años, los juristas hemos visto estupefactos cómo las anteriores conquistas de civilidad eran puestas en solfa, cómo el derecho tenía que someterse a la economía.
Con demasiada frecuencia oímos discursos que cuestionan la igualdad y la fraternidad por “antiguas” y reivindican una supuesta “sociedad del riesgo”, que implica la instauración del neodarwinismo social. Actualmente somos más desiguales que hace unas décadas. En otras palabras: los ricos son más ricos y los pobres, más pobres. Y ello no sólo a escala de los países opulentos, sino también a nivel mundial, como constata la OIT. Discursos y políticas que reclaman “menos Estado” y “menos regulación”, es decir, el abandono de la intervención de la sociedad como colectivo en las relaciones privadas, de tal modo que los poderosos acaben imponiendo sus intereses.
En este contexto, los juristas hemos asistido boquiabiertos a la negación de que la propiedad tiene una finalidad social, tal y como afirma la mayor parte de los textos constitucionales occidentales. Y, así, el triunfo en la vida parece pasar por el mero enriquecimiento un enriquecimiento a cualquier precio y a costa de los demás, y no por la autoemancipación individual y colectiva y la mejora de nuestras sociedades, por el declive del concepto de ciudadanía social en favor del individualismo descarnado. Hemos asistido a la negación de los derechos y los valores colectivos, contra lo que afirman las constituciones, en favor de este individualismo. Son cada vez más frecuentes las políticas, declaraciones y normas que cuestionan a los sindicatos, la negociación colectiva o el derecho de huelga. En estos precisos momentos tenemos ejemplos claros. Se nos dice y se nos pretende hacer creer que estas instituciones colectivas conquistadas por históricas luchas desiguales impiden el crecimiento económico. Se ha recortado la solidaridad social a través de una política fiscal regresiva. Y eso ha implicado el incremento de la desigualdad en derechos básicos, como el derecho a la enseñanza, el derecho a la vivienda, el derecho a la tutela judicial efectiva, los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar o las situaciones de dependencia.
El sistema de la Seguridad Social la gran conquista de la pobreza laboriosa y el máximo exponente de la fraternidad social es también negado, porque se nos dice que afecta a la economía y que nos incapacita para afrontar los riesgos de las sociedades modernas. Constantemente aparecen estudios directa o indirectamente pagados por entidades financieras que indican la imposibilidad de pervivencia del actual modelo de previsión social y que obtienen un gran eco en los medios de comunicación, que nada dicen de las elevadas pérdidas de los sistemas privados de previsión. Mientras tanto, nuestras pensiones se van reduciendo y los requisitos de acceso, endureciendo.
Con la excusa del empleo que la práctica ha demostrado falsa, llevamos veinticinco año de recortes de derechos de los trabajadores ante los empresarios. Y asistimos a la regulación de mayores facilidades para el despido, el abaratamiento de su coste para el empresario y a graves limitaciones de control judicial posterior. Asistimos a un uso abusivo de la mano de obra foránea, en un diseño consciente de reclutamiento de un auténtico ejército industrial de reserva que abarate los gastos salariales. Y, en paralelo, asistimos también al preocupante incremento de discursos xenófobos, con actuaciones de los gobiernos de los países ricos que incumplen los tratados internacionales.
Pero ocurre que, contra lo que se nos repite, con estas políticas contrarias a la igualdad y la fraternidad, somos cada vez menos libres, porque estamos en unos momentos en que el voto de los hombres pobres libres no sirve en nada para delimitar las grandes políticas sociales y económicas. Estas políticas se diseñan en organismos y empresas transnacionales que no ha votado ni votará nadie. Y somos menos libres porque cualquier voz mínimamente crítica es omitida, cuando no quemada inquisitorialmente en una plaza pública.
La actual crisis no es imputable a los trabajadores y a los hombres pobres libres, sino a estas políticas neoliberales. No deja de resultar sorprendente que poco después del inicio de la crisis, voces destacadas empezaran a hablar de reformar el sistema, de regular la economía. No obstante, ésa fue una idea efímera. Una vez más los hombres pobres libres han pagado de su bolsillo los excesos financieros, y la conclusión de los poderosos ha sido que dichas políticas suicidas debían incrementarse. Decidieron que eran los pensionistas, los empleados públicos y las personas dependientes quienes debían pagar las consecuencias, que la solución para la crisis era menos igualdad y menos fraternidad, que había que seguir recortando derechos a los trabajadores y a los sindicatos. Han omitido que la causa de la situación actual no es la igualdad, sino precisamente el recorte de los derechos constitucionales, de los derechos de las personas. Por eso mi asociación profesional, Jueces para la Democracia, ha decidido apoyar públicamente la huelga general del próximo día 29 de septiembre, porque esencialmente somos juristas y nuestra pasión es el derecho. Alguien podría dudar y pensar que los motivos de la huelga no le afectan en nada, que eso es cosa de los trabajadores y de los sindicatos. Quien piense eso se equivoca. Lo que nos jugamos el próximo día 29 es mucho más que el redactado de unas leyes. Lo que nos jugamos es si nuestro futuro lo decidirán nuestros votos o las organizaciones financieras internacionales. Lo que nos jugamos es si optamos por la democracia o por la oligarquía.
Miquel Falguera es magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Traducción para www.sinpermiso.info: Daniel Escribano
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