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6 de mayo de 2017

¿LEYES MORDAZA O ALGO MÁS? HABLEMOS DE REPRESIÓN POLÍTICA DE CLASE

Por Marat

-¿Estamos solo ante un recorte a la libertad de expresión o la represión tiene un contenido más profundo? ¿Cabe hablar de una "represión política de clase"? ¿Cómo definirla?
Es indudable que el PP es un partido con vocación censora, de origen y pulsiones franquistas, que a lo largo de su historia ha mostrado en sobradas ocasiones una auténtica falta de voluntad para aceptar la crítica política, por lo que su comportamiento de recortar la libertad de expresión, de opinión y de manifestación forman parte de su concepto del orden social y la de seguridad ciudadana.

Pero, si no contextualizamos el momento histórico en el que vivimos y en el que se producen dichos ataques, si no abrimos el foco para entender causas más profundas que explican lo que sucede, estaremos hablando de represión en genérico, sin comprender lo que realmente está ocurriendo.

Hay una tendencia pequeñoburguesa, de apariencia pseudoradical que alude a la represión sin más, tratando de articular todas las represiones bajo un mismo concepto en una apelación a la libertad que recuerda demasiado al liberalismo político. Por ese camino podríamos acabar debatiendo solo de libertad de prensa y de información y de libertad de expresión en redes sociales.

Lo cierto es que los ataques a la libertad de expresión, de opinión, de manifestación, de reunión, se vienen sucediendo de forma generalizada en la mayoría de los países del mundo. Estas agresiones se han incrementado de forma exponencial desde el inicio de la crisis capitalista que, en lo social, se ha plasmado en un incremento del desempleo, en la precarización de gran parte del existente, en recortes en derechos sociales y prestaciones y en salarios, así como en el empobrecimiento de amplias capas de la población trabajadora.

Frente a ello, la clase trabajadora reaccionó con manifestaciones populares, protestas, huelgas, etc. para impedir lo que David Harvey denominó como acumulación por desposesión que ha producido una brutal transferencia de las rentas del trabajo a las del capital.

Para lograr la recuperación de su tasa de ganancia, que ya se está produciendo, en gran parte del mundo capitalista y en España en concreto, el capital necesitaba quebrar las resistencias de los asalariados y el medio más útil que ha encontrado es la criminalización de la protesta social, a través de una represión política de clase, de una clase, la capitalista sobre otra, la trabajadora.

Cabe hablar de represión política porque, para cumplir los objetivos de incremento de la tasa de beneficio del capital existe por parte de éste, de su Estado, y de determinados instrumentos de poder social de la burguesía, existe una estrategia punitiva, coactiva y disuasoria que responde a un planteamiento político. Y, sin lugar a dudas, es de clase porque se ejerce por parte de la clase dominante sobre las subalternas, principalmente la trabajadora.

Creo que éste sería el punto de arranque desde el que situar lo que es represión política de clase, antes de expresar en qué dimensiones se manifiesta y de qué modo se despliega.

-¿En qué aspectos concretos se plasma la represión política de clase? ¿Solo en cuestiones de legislación como el nuevo Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana o va mucho más allá de lo jurídico?
En primer lugar quisiera hacer una observación en relación a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, aprobada en 2015 y ahora en debate parlamentario, para su supuesta derogación por parte de algunos grupos parlamentarios.

Me resulta cuando menos sospechoso que progres y progreliberales hayan insistido tanto en hablar solo de esta ley y callar respecto al nuevo Código Penal, en primer lugar porque aunque la Ley Mordaza se haya concentrado mucho en castigar con multas, algunas de ellas brutales (hasta 600.000 €), las libertades de expresión, manifestación, reunión y opinión, lo cierto es que el Código Penal reprime también dichos derechos en un número importante de sus artículos y lo hace con penas de prisión.

Sospecho que, en la medida en que el mundo de los juristas progres, los ciudadanistas y los universitarios pequeñoburgueses concentraron sus críticas sobre la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y que el movimiento sindical y eso que algunos se empeñan en llamar aún la “izquierda”, y que no deja de ser colaboracionismo de clase con mentalidad de monja oenegera, asumieron ese discurso, todas las leyes desde las dos citadas a las reformadas de Enjuiciamiento Criminal y la de Seguridad Privada, todo de se ha teñido de ley mordaza, como si en el fondo la represión política de clase no existiera y el problema se limitase a un recorte de libertades que más bien, por el sobrenombre de Mordaza, fueran ante todo de expresión. Puro liberalismo político que podría suscribir perfectamente un partido como Ciudadanos.

Pero lo cierto es que a la tuitera Casandra le han aplicado el artículo 578 del Código Penal, que condena con penas de prisión de 1 a 3 años por enaltecimiento del terrorismo.

Continúo. El artículo 315.3 del Código Penal está pensado directamente para criminalizar a los piquetes en una huelga. Dice así:

315.3 Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”.

Este es el artículo por el que se juzgo a los 8 sindicalistas de Airbus por su participación en piquetes informativos durante la Huelga General de 2010. Hay que decir que no fueron declarados inocentes sino absueltos por falta de pruebas, lo que no es sino un modo indirecto de mantener la criminalización de la acción de los piquetes.

Ni que decir tiene que los piquetes empresariales que amenazan con despidos ante una huelga de sus empleados jamás han sido condenados. Es su Estado, sus leyes y su justicia porque el Estado y el conjunto de sus aparatos tienen un carácter de clase en cuanto a los intereses de la burguesía a la que defienden

A Alfon se le condenó a 4 años de cárcel, en régimen FIES. con el artículo 568 del antiguo Código Penal, ratificado en el reformado del 2015, por tenencia de explosivos, cuando su abogado dio datos más que suficientes de que aquellas pruebas habían sido fabricadas por los policías que le detuvieron. Razón real de su condena: ejemplarizar en carne joven e inocente el compromiso de un joven comunista con la lucha de la clase trabajadora en la Huelga General del 14N de 2012 cuando se dirigía a un piquete.

Andrés Bódalo fue condenado a penas de prisión en base a los artículos 550 y 551.2 del nuevo Código Penal

Art. 550.1: “Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.”

Art. 551.2: “Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos.”

En el caso, de la supuesta agresión de Bódalo al teniente de alcalde de Jodar, del PSOE, no pasó nada de esto y además no hubo agresión, tal y como señalan vídeos en los que se puede ver la protesta a las puertas del Ayuntamiento.

Podríamos continuar hablando de artículos del nuevo Código Penal que reprimen y criminalizan la lucha social, tales como el 553, el 554, el 556, el 557, el 557, el 557 tercero, el 558, el 559 y el 560, pero creo que sería bueno que ustedes mismos se tomen el esfuerzo de buscarlos y saquen conclusiones por sí mismos

En estos días se han producido ya las peticiones fiscales contra varios sindicalistas de la CNT en Cataluña. Uno es el caso de una protesta a las puertas del Casino de Poble Nou, en una debate electoral durante la campaña de las elecciones municipales del 2015. El piquete que participaba en la protesta fue atacado por agentes provocadores, que eran Guardias Urbanos vestidos de paisano. Por el corte del suministro eléctrico de la televisión catalana durante ese debate se pide a un sindicalista penas de 2 y 4 meses de cárcel y al otro 6 meses de prisión. La Guardia Urbana, junto con el Ayuntamiento de los progres de Ada Colau se presentarán como acusación particular. A la hora de reprimir, reaccionarios, liberales y progres sirven a los intereses de clase de su Estado capitalista.

Otro de los casos es el del Corte Inglés, en el que varios sindicalistas de CNT serán juzgados por una campaña de boicot contra esta cadena de establecimientos por su participación en procesos penales contra sindicalistas en el contexto de la huelga general del 29M del 2012 y por su represión antisindical contra sus empleados, En esa campaña fueron detenidos 3 sindicalistas a los que se pide penas de 5 años de cárcel.

A partir de las huelgas generales, que arrancan del 2011, cerca de 600 sindicalistas de las más diversas organizaciones pueden ser encausados y se les pide penas de prisión y multas elevadas. Desde los nombrados, hasta sindicatos de la minería, pasando por trabajadores de Coca-Cola, de la Universidad Autónoma de Barcelona, de Arcelor, jornaleros andaluces, etc. etc. están conociendo una persecución brutal, de la que no se habla desde los medios de comunicación del capital y muy poco desde los alternativos porque, la gran mayoría de estos, o se han apuntado al ciudadanismo o al identitarismo posmoderno.

La represión política de la clase burguesa contra los trabajadores se lleva a cabo mediante una legislación absolutamente restrictiva que impida y recorte al máximo su derecho a la protesta, pero también la ejercen esos fiscales y jueces a los que no les tiembla la mano pidiendo penas de cárcel o condenando a ellas. Del mismo modo que se ejerce desde unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que actúan con completa impunidad al golpear, detener y cumplir con fiero celo con la legislación del Estado capitalista y algo más que celo. Para ser antidisturbios hay que estar hecho de una pasta especial.

Pero cuando hablamos de represión política de clase, no debemos detenernos en los aparatos del Estado, sea éste central, autonómico o local, ni en sus leyes. Hay más.

La prensa del sistema criminaliza a los trabajadores que luchan en defensa de sus derechos, llama privilegiados a mineros, conductores del metro o del AVE, o a los estibadores, como si sus salarios no los ganasen por la peligrosidad o responsabilidad de sus empleos o porque resultan enormemente rentables para sus empresas. Los hace parecer insolidarios frente a otros trabajadores, callando la auténtica insolidaridad de los empresarios que están volviendo a elevar sus tasas de ganancia a costa de salarios de miseria (el 47% gana menos de 1.000 euros al mes, casi 6 millones de ellos, el 32% se encuentra en riesgo de pobreza), con empleos precarios y despidos casi gratuitos.

No solo la prensa del capital reprime a los trabajadores. Los propios empresarios lo hacen también ante cualquier atisbo de descontento o de querer cambiar las situaciones injustas dentro de la empresa. Es frecuente en muchas empresas que Recursos Humanos se encargue de aclarar al nuevo empleado qué sindicatos cuentan con la aceptación de la empresa y cuáles no, que se ejerzan represalias, mobbing e incluso despidos contra trabajadores que quieren presentarse en candidaturas a las elecciones sindicales, o que defienden la estrategia de la acción directa a partir de la base organizada de sus secciones sindicales y sus afiliados, por sindicatos de clase auténticamente combativos, en lugar de hacerlo en las listas de los burócratas y pactistas. Obligar a realizar horas extraordinarias no pagadas por parte de los pequeños y medianos empresarios, esos patrióticos que tanto le gustan a Podemos, es también una forma de represión política de clase. En los últimos días hemos tenido el ejemplo del telecocinero Jordi Cruz sobreexplotando a sus trabajadores casi por la cara o del canalla del Presidente de la CEOE que afirma que se aprende más trabajando gratis que en la Universidad. A ellos se ha unido una caterva de malnacidos darwinistas sociales que han llegado a sugerir que habría que pagar por aprender trabajando para un empresario. A estos sí que habría que aplicarles la ley antiterrorista.

Pero la mayor represión política de clase que existe es no tener trabajo porque te obliga a aceptar las condiciones que puedan ofrecerte, por miserables que éstas sean, porque te obliga a venderte como un trabajador sumiso y obediente, a callar ante los atropellos de tus derechos laborales. El trabajador en paro es jurídicamente libre de vender su fuerza de trabajo pero, una vez que lo ha hecho, ya no es dueño ni de las condiciones en las que desempeña éste ni de su propio trabajo. Las reglas le vienen impuestas porque la empresa no es un órgano democrático sino un lugar en el que se ejerce la dictadura de una clase sobre otra.

Y es que no es cierto esa tontería que dice la Constitución de que tenemos derecho al trabajo. Es un derecho meramente enunciativo y potestativo. A lo que tenemos derechos, según indica el artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores, auténtica ley de relaciones laborales, o de explotación del capital al trabajo, es a la ocupación efectiva del puesto de trabajo, una vez, que existe un contrato; es decir, el trabajador contratado tiene derecho al desempeño de unas funciones acordes a su puesto de trabajo y a la categoría laboral contratada, siempre dentro de la máxima de resultar rentable al empresario. Si no hay contrato de trabajo, no hay derecho a ocupación efectiva alguna.

La represión política de clase es el modo intenso y violento, porque la violencia no es solo física, de ejercer la lucha de clases desde el capital y sus instrumentos políticos, policiales, mediáticos, empresariales, jurídicos, legales e ideológicos -un aspecto sobre el que algún día deberé concentrarme- contra la clase trabajadora.

Y, por supuesto, es represión política de clase impedir al trabajador dar la respuesta contundente, merecida y acorde con el ejercicio de la violencia que supone por parte del capital, sus partidos, todos los que aceptan el juego democrático-burgués, su legalidad y su Estado, ante su acción de arrebatar conquistas sociales, derechos por los que se ha peleado durante generaciones y formas de salario indirecto como la sanidad pública, los subsidios de desempleo o las pensiones, hoy amenazadas.

-¿A qué se debe la persecución, encarcelamiento, represión de un creciente número de personas? ¿Es sólo cuestión de la que la derecha del PP es muy franquista o hay motivos más profundos? ¿Cuál es el contexto?
Como señalaba al principio, la persecución, la represión, el encarcelamiento de un creciente número de personas en España, que son presos políticos, por mucho que se pretenda negar, no se debe solo a que el PP sea un partido reaccionario y temeroso de la libertad. Como decía Marx "Nadie combate la libertad; a lo sumo combate la libertad de los demás. La libertad ha existido siempre, pero unas veces como privilegio de algunos, otras veces como derecho de todos". Y éste es el privilegio que hoy defiende el capital, su libertad de empresa, su libertad para sobreexplotar al trabajador. Persigue y reprime al trabajador que se moviliza para dar escarmiento a toda la clase en carne ajena, vaciar las calles, lograr el acatamiento,imponer su ley. Solo de ese modo puede reproducirse económicamente porque es un mito indemostrable que la tarta tenga un reparto equitativo y que crezca para todos. Crece para quienes pueden imponer su poder organizado de oprimir a los demás.

Y esa es una posición de clase contra clase. Lo contrario es caer en un democratismo pequeñoburgués que defiende las libertades en genérico, sin concretar para qué han de servir y quienes necesitan de ellas por encima de todos los demás grupos sociales.

-¿Cómo enfrentarse a estas políticas represivas?
-Si la clase dominante se organiza para defender con leyes, policías, miedo y represión, sus privilegios, es obvio que la dominada necesita hacerlo también articularse para contraatacar y defender sus derechos, las conquistas que le han sido arrebatadas y pasar a la ofensiva. Porque las ideas no viven sin organización. Y necesita hacerlo al margen y de modo independiente de todas las demás clases, sobre todo de las intermedias, o autopercibidas como tales, que solo buscan salvarse de la quema y reacomodarse para mantener el máximo de sus intereses, siempre ligados a la pervivencia del capitalismo, aunque éste, por la dinámica de su desarrollo y de la concentración del capital tienda, finalmente, a hacerla desaparecer y proletarizarla.

Y necesita hacerlo de modo combativo, sin ilusiones democráticas de cambios mediante los instrumentos del parlamentarismo burgués. Quizá deba hacerlo, eso está por ver -y ésta es una idea que lanzo como reflexión particular que desarrollaré en un futuro- rearticulando nuevas formas de organización que ya no sean ni las puramente partidarias ni las puramente sindicales, sino un híbrido superador de ambas. Las transformaciones sociales que están trayendo la descomposición de las tradicionales formas organizativas y las que se están produciendo en el mundo de la producción requieren de respuestas adecuadas a los tiempos que nos está tocando vivir. Pero, mientras esas formas organizativas no cambien, necesitamos sindicatos auténticamente combativos y fuertes, que sean lo opuesto a esos burócratas del pacto y la concertación sociales. Lo mismo cabe pedir las organizaciones políticas de nuestra clase, las cuáles es más que obvio que no están en absoluto a la altura de las circunstancias sino envueltas en una caquexia terminal, casi siempre investida de una arrogancia falsamente vanguardista que solo se corresponde con su indigencia teórica y su alejamiento absoluto de las necesidades y la realidad de los trabajadores.

Y, desde luego, es necesario hacerlo de un modo unitario desde dentro de la clase, superando la atomización en múltiples plataformas de solidaridad, una por preso, y haciendo converger las luchas antirrepresivas de manera conjunta y desde una perspectiva de clase, justo la que tienen nuestros enemigos.

Y para acabar, algo que sé que va a ser polémico porque tiene esa intención. Es hora de superar cierto estilo sindical de un cristianismo cuasi gandhiano que permite que a sus afiliados se les abrase a multas y a peticiones de cárcel, llevándoles por unas vías que constituyen la estrategia de ponerles a los píes de los caballos, cuando algunos de sus dirigentes se protegen como aforados parlamentarios y limitándose a ponerse la camiseta con el rostro de alguno de sus presos. A los militantes se les cuida y protege. Pero si eliges el camino del sacrificio ponte a la cabeza de él, asegurándote de que tú serás el primer represaliado. Lo contrario es suicida y golfo.  

3 de mayo de 2016

SÓLO LA UNIDAD DE CLASE DERROTARÁ A LA REPRESIÓN

Por Marat

En los últimos dos años posiblemente se esté hablando en España de la represión y del recorte de libertades de expresión, opinión y manifestación tanto o más que en el conjunto de los últimos 40 años desde el inicio de la transición política.

Y hay razones sobradas para ello. El encarcelamiento de personas por expresar por escrito, en protestas en la calle o mediante manifestaciones artísticas sus puntos de vista sobre la realidad en la que viven o su disidencia frente a lo que consideran injusto, ha hecho de España un país desmovilizado, acobardado y amenazado con cárcel y multas que sus receptores no puedan pagar.

Una combinación de violencia policial, judicial y legislativa (nuevo Código Penal y Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana) amedrenta la voluntad de resistir ante el atropello al que cotidianamente se ven sometidos los más débiles.

Y sin embargo, y ante esta evidencia, nunca se ha mentido, manipulado, ni ocultado tanto las razones de las que nace ese diluvio represivo.

Para los vendedores de “ilusión democrática”, según la cuál el Estado es un aparato neutro al que manejar a voluntad y en sentidos muy diferentes según el partido que haya ganado unas elecciones, el vendaval antidemocrático proviene de que el Partido Popular es muy autoritario y de que pretende imponer una política de recortes sociales que, en opinión de los sostenedores de tal teoría, la sufren unas víctimas muy genérica: “la gente”, “las clases medias”, “los ciudadanos”, su expresión favorita. Lo cierto es que gobierne quien gobierne, mientras lo haga sin romper la legalidad del sistema político vigente, la clase trabajadora ha de mantener la lucha por sus derechos.

Vivimos inmersos en una crisis capitalista de la que las grandes corporaciones que dominan la economía, el mundo del trabajo y nuestras vidas son incapaces de salir, si no es mediante la transferencia de ingentes cantidades de rentas del trabajo al capital, a través de la privatización de lo público, de la brutal reducción de los salarios y costes laborales en general.

Desde la crisis del 29 del pasado siglo jamás se había efectuado una agresión tan salvaje contra las conquistas históricas de la clase trabajadora y en esa agresión el Estado capitalista no es neutral, como pretenden hacernos creer los minirreformistas vendedores de crecepelo para calvos.

El Estado jamas fue un órgano neutral por encima de las clases sociales ni conciliador de los intereses antagónicos entre unos y otros estratos sociales. Representa de un modo férreo a la clase constituida en dominante mediante su poder económico. Quienes lo gobiernan en representación de dicha clase y el reformismo que aspira a sustituir a los habituales gobernantes de dicho aparato, sin cuestionar y ni siquiera intentar confrontar dicha naturaleza de clase capitalista, admiten que éste sea el brazo necesario para la represión de cualquier intento de la clase trabajadora de ejercer resistencias a su sacrificio en esta crisis.

La combinación de policía (reprimiendo), jueces (condenando), legislativo (nuevo Código Penal, Ley Orgánica de Protección del Derecho a la Seguridad Ciudadana), medios de comunicación (creando estados de opinión criminalizadores de las luchas de la clase trabajadora) y una ideología de superioridad de la idea de segurdad (versión moderna del “orden público” franquista) que se asienta en una “doctrina del derecho penal del enemigo”, pretenden instaurar un cordón sanitario frente a la lucha obrera. El objetivo no es otro que el de disuadir en primer término, mediante una combinación de mecanismos coactivos y coercitivos, y reprimir, cuando es necesario (y lo es de forma habitual para los gobiernos del capital) cualquier disidencia de clase.

Se entiende así que el Estado capitalista haga cierta la expresión del pensador liberal Max Weber que afirmaba que Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el “territorio” es elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del “derecho” a la violencia.” (“La política como vocación”)

Sin salirnos del pensamiento jurídico-político liberal podríamos reprochar a Max Weber y a tantos liberales de su especie su “confusión” intencionada entre “legalidad” y “legitimidad”, ya que la “fuente del derecho” a la que alude es la del derecho positivo (de normas jurídicas escritas por el órgano del Estado que ejerza la función legislativa) y no la del “derecho natural” (Rousseau), que sería fuente de “legimidad”, en tanto que se asienta en un derecho de tipo moral. Ello hasta el punto de que un acto puede ser legal pero no legítimo y viceversa. En la dualidad legitimidad/ilegitimidad se fundamenta tanto la razón como la sinrazón ontológicas del ejercicio del gobierno.

En cualquier caso, la clave del pensamiento y la acción principal del Estado capitalista es la conservación de la llamada “paz social” en base a la previsión (ideología dominante, coacción, legislación disuasoria,…) y a la reacción cuando siente que los privilegios de la clase a la que representa son amenazados o siquiera contestados más allá de la vacuidad de las palabras.

Si el Estado capitalista se arroga, por un lado, la voluntad y la legalidad, que no la legitimidad del monopolio de la violencia, necesita, por otro, negar que ejerza otras formas de violencia como la explotación laboral, la pobreza a la que condena a amplias capas de la población, el terrorismo empresarial que legaliza o el imperio del “derecho” al pago de la deuda bancaria por encima del que corresponde a una vivienda digna, por citar sólo algunos ejemplos.

En paralelo, la oposición a su dominación de clase, el Estado la considera violencia casi equiparable a la terrorista. Así un corte de vías férreas o de carreteras en una protesta sindical, la ocupación de locales de la patronal por trabajadores, un piquete informativo que, si no es en parte coactivo, no es piquete sino grupo informe de pusilánimes, la cobertura fotográfica de la violencia policial en una manifestación o una frase un poco más subida de tono de lo normal en redes sociales es violencia “ilegal” para quien detenta más que ostenta el pretendido Estado de derecho de una dictadura de clase.

Desde Alfon, encarcelado en régimen FIES, con periódicos castigos, hasta Andrés Bódalo, dirigente del SAT también encarcelado, pasando por Raúl Capín al que le ha caído una multa absolutamente brutal en su condición de persona con limitados recursos o Esther Quintana, que perdió un ojo por una pelota de goma de los mossos d´esquadra en la huelga general del 14 de noviembre 2012, toda la artillería legal, legislativa y policial del Estado, además de la de su Brunete mediática va destinada a destruir la capacidad y voluntad de rebeldía de la clase trabajadora.

Los sindicatos del régimen, CCOO y UGT, dan la cifra de 300 sindicalistas encausados para los que se llega a pedir hasta 125 años de cárcel. Previsiblemente son muchos más, dado que estos sindicatos no destacan por su solidaridad con el sindicalismo alternativo ni con los militantes comunistas, anarquistas y revolucionarios condenados o amenazados por peticiones de cárcel y otras sanciones por luchar en defensa de la clase trabajadora.

La situación del SAT refleja unos 700.000 euros en multas, unas 637 personas imputadas y unas peticiones de condenas de prisión que suman 437 años de cárcel.

Sobre los 8 de Airbús, finalmente no condenados por su participación en la huelga general de 2010, pendían penas de cárcel por alrededor de 70 años, penas que CCOO y UGT, sindicatos a los que estaban afiliados los encausados, pretendían negociar con el gobierno del PP bajo la mesa, llegando a acariciar incluso la idea de un indulto, lo que hubiera significado un reconocimiento de culpa por parte de los afectados, cosa que estos tuvieron la dignidad de no admitir.

Por fortuna, la presión desde las bases de estos sindicatos sobre sus cúpulas y la solidaridad internacional impidieron tal ignominia y lograron su sobreseimiento.

En este contexto de represión, no selectiva sino masiva que amenaza al movimiento obrero, sus organizaciones sindicales, políticas y sociales, se hace cada día más evidente la desproporción de fuerzas entre el Estado capitalista y la clase trabajadora. Los dos años largos de desmovilización social y el escuálido 1º de Mayo último dan prueba de ello.

En el aspecto concreto que nos ocupa en este texto, es llamativa también la diferencia entre los encausados por ejercer una faceta explícita de la lucha de clases y los finalmente absueltos de las acusaciones de delito que recaían/recaen sobre ellos

Más allá de la capacidad de presión resultante de las distintas solidaridades que afectan a cada uno de los amenazados con multas, prisión o denuncia por los daños físicos y morales ejercidos por los aparatos represores del Estado capitalista, lo cierto es que al producirse el apoyo a las víctimas de los atropellos del poder de clase de forma fragmentada, dividida en ocasiones en plataformas ajenas unas a otras y en campañas muy individualizadas, la posibilidad de derrota en la defensa de las libertades colectivas e individuales de quienes se rebelan contra el atropello del capital y sus instituciones está garantizada. Sólo la unidad de nuestra clase, la trabajadora, puede nivelar, la fuerza que se ejerce desde el otro lado y posibilitar el éxito.

Es cierto que cada procesado, cada represaliado, cada violentado policialmente en una manifestación, cada trabajador@ pres@ por luchar en defensa de sus derechos necesita el calor solidario, que su caso no sea olvidado dentro de una causa más general. Pero la respuesta a esa cuestión debiera ser una dinámica de defensa de toda la clase castigada, porque nos someten a todos en cada uno de los que son sancionados, golpeados, enmudecidos y penados y que, a su vez, haga de cada caso una denuncia, un ejemplo de dignidad, un abrazo de todos los que luchan junto a él.

Por otro lado, el sectarismo de quienes menosprecian o ignoran a otros combatientes de nuestra clase porque considerar que sus posiciones son “demasiado radicales”, la parcialidad de quienes se ocupan sólo de sus militantes obreros, ha producido un daño enorme en esa necesidad de unidad y coincidencia de objetivos en lo que se refiere al derecho a la disidencia de clase. Es un enorme error que están pagando no sólo cada uno de los represaliados sino l@s trabajador@s en su conjunto, que ven en cada reprimido un motivo disuasorio para su protesta. Sobre nuestra división en la defensa de nuestros derechos a la palabra y la batalla cabalgan las leyes represoras, los policías excitados en su violencia, los jueces y fiscales feroces en sus condenas, los medios de desinformación del capital, la indiferencia de much@s trabajador@s ante el dolor que experimentan los de su mismo estado de explotación y de opresión, aún cuando no sean conscientes de sus cadenas.

Por otro lado, habrá quienes quieran difuminar el carácter de clase del Estado burgués y su vejación contra la clase que le es antagónica bajo la idea genérica de una denuncia del recorte de las libertades y de opresión, como si en los últimos años de la crisis capitalista la represión no hubiera aumentado exponencialmente y como si el carácter del Estado policía se debiera sólo o principalmente a su condición de moderno “Leviatán” burocrático.

Esta tesis, que hunde sus raíces en la vieja desconfianza liberal hacia el Estado (teoría del Estado mínimo), y que hoy ha sido recogida por el minarquismo (libertarianos), precisamente porque comprende muy bien la naturaleza de clase del Estado y prefiere que no interfiera en sus negocios (sociedad civil), ha mutado en ambientes libertarios no sindicalistas, en sectores del nuevo reformismo indignado y, por supuesto, desde hace muchos años en el viejo reformismo de matriz socialdemócrata, hoy social-liberal.

Al desconectar estos enfoques políticos de la naturaleza de clase del Estado se cae en un concepto meramente ciudadanista de defensa de las libertades, lo que no es otra cosa que una visión “idealista” de las mismas, olvidando su carácter instrumental (para difundir ideas, expresar la disidencia, luchar por derechos concretos, defenderse de la explotación y la opresión,...).

La realidad es que en las etapas de crisis capitalista es cuando su Estado refuerza especialmente cárceles, leyes represoras, aparatos policiales,...independientemente de que pueda mantenerlos activos en etapas de expansión económica. Pero lo decisivo en estas últimas no es tanto lo opresivo como el fomento del consentimiento y del consenso (a través de los aparatos ideológicos) y el contrato social (mediante políticas, en el pasado, de cierta redistribución social que impulsaban al mercado).

Por tanto, sea de modo intencionado (casi siempre, y desde un discurso de clase media, negador de los antagonismos de clase, que no necesariamente ha producido dicha clase pero que sí ha comprado a los think-tanks de la oligarquía mundial), sea de un modo irreflexivo, mantener la tesis de una defensa de las libertades ajena a la cuestión de clase y a las prácticas de las políticas antiobreras es lisa y llanamente complicidad con él capital.

No se trata de negar que los recortes a las libertades y la represión se estén expandiendo a ámbitos no directamente ligados a la lucha de clases pero escamotear que la clave se encuentra aquí y en la naturaleza clasista del Estado es sencillamente mentir. Las reivindicaciones puramente democráticas tienen su razón de ser pero si se emplean como arma luz de gas pequeñoburguesa para tapar la cualidad clasista de la violencia del Estado estamos ante realidades que no deben solaparse.

De ahí que, centrada la cuestión, en la condición de clase del Estado, en su papel de policía, juez, consejo de administración de la burguesía y propagandista de sus valores, sea necesario vincular el incremento brutal de la represión con la agudización de la lucha de clases y con las políticas contra la clase trabajadora de aquél.

Diluir estas cuestiones en plataformas contra la Ley Mordaza en genérico, es sencillamente claudicar desde un oportunismo zafio, echarse en brazos del reformismo procapitalista más abyecto, derrotarse el movimiento obrero y sus organizaciones sindicales, políticas y de todo tipo a sí mismos y caer en una especie de pseudoradicalismo estéril de origen burgués de corto éxito y recorrido. Su fracaso se deberá no sólo a la menor capacidad organizativa de este tipo de entes sino sobre todo a que, al ocultar las razones reales -la desigualdad que genera el capitalismo y sus leyes- de la protesta que es aherrojada, se autoexcluye de la solidaridad y compromiso necesarios a todos los que sufren en sus propias carnes dicha desigualdad y que no se sentirían representados por proclamas “prodemocráticas” más o menos justas pero que no conectan con las necesidades más tangibles que afectan a sus vidas.

En resumen, es necesario reorientar la lucha antirrepresiva en varios sentidos:
  • Hacia una posición de clase, que proclame que la represión expresa un nivel concreto de la lucha de clases y que el Estado en sus dimensiones policial, legislativa y jurídica responde a los intereses de la clase dominante.
  • Hacia una superación de la división en la lucha de las organizaciones del movimiento obrero por la defensa de todos y cada uno de sus militantes sindicales y políticos a las puertas de ser procesados o ya condenados. La consigna de marchar separados es justificable en términos de estrategia y de niveles de enfrentamiento/acuerdo con el capital pero jamás en la defensa de cada uno y todos los militantes obreros perseguidos y encausados.
  • Hacia la consideración de “represaliados y presos políticos” de los militantes obreros que sufren las consecuencias de la violencia del Estado capitalista porque éste es un órgano político que ejerce su monopolio de la misma a partir de criterios puramente políticos.
Ello no supone en absoluto negar la utilidad y la necesidad de las plataformas concretas de apoyo a militantes obreros específicos pero sí superar la cultura de la división y el sectarismo, especialmente por parte de quienes, desde una pretendida posición de “mayoritarios”, desprecian la lucha de otras organizaciones, trabajar en red, compartir objetivos comunes, realizar campañas globales en defensa de todos los que sufren la represión por defender a la clase trabajadora y, muy importante, dedicar personas y militantes concretos a la creación de ese clima de cooperación y al logro de dichos objetivos. Eso o acabar como los dos conejos de la fábula de Tomás de Iriarte, que discutían si los que les perseguían eran galgos o podencos.

En esta disputa,
llegando los perros
pillan descuidados
a mis dos conejos.

Los que por cuestiones
de poco momento
dejan lo que importa,
llévense este ejemplo.”